El drama de la inmigración clandestina se cobró ayer más víctimas tanto en la ruta de Canarias como del Estrecho. Es una pésima señal de lo que puede acontecer en las próximas semanas, en pleno verano. Al menos 21 subsaharianos fallecieron en un naufragio en las costas del Sáhara Occidental, cuando pretendían llegar al archipiélago canario. Paralelamente, dos personas perecían al caerse desde la valla de seis metros en la frontera marroquí con Melilla. Formaban parte de un grupo de una veintena de ilegales; cinco de ellos lograron saltar pero fueron detenidos por los agentes españoles.

Incidentes como el de la valla melillense no se repetían desde hacía 10 meses. Las fronteras de Ceuta y Melilla fueron, en septiembre y octubre pasados, escenarios de masivos intentos de asalto que se saldaron con al menos seis muertos por disparos, al parecer, de los gendarmes marroquíes. El Gobierno español se vio obligado a enviar temporalmente un contingente de soldados y reforzar el perímetro fronterizo elevando la altura de las vallas. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer, no sin cierto optimismo, que este suceso es un hecho “puntual”, que nada tiene que ver con la oleada del año pasado. Ojalá sea así, pero sus palabras no encajan con la desesperación de quienes están resueltos a intentarlo una y otra vez.

Marruecos estrechó la vigilancia en la frontera con España después de los graves sucesos de 2005, pero abandonó a su propia suerte a los centenares de ilegales que no lograron pasar. Es justo afirmar que Rabat controla más que antes el flujo migratorio clandestino hacia España. Éste apunta ahora a Canarias y procede de Mauritania, Senegal y otros países. Sin embargo, las autoridades marroquíes continúan sin aplicar el acuerdo bilateral de readmisión firmado con las españolas en 1992. En cualquier caso, han empezado las primeras repatriaciones de irregulares de Canarias a Senegal.

Es obvio que el control de la inmigración irregular es una tarea en la que España debe contar con el respaldo de la Unión Europea. Los Veinticinco empiezan a entenderlo. Han decidido abordarlo de manera conjunta y considerarlo asunto prioritario. Es sensato que así lo hayan determinado, pero deben traducir las palabras en acciones. Hay señales, pero insuficientes y desesperadamente lentas. En el último Consejo Europeo se acordó darle un enfoque global a escala policial, económica y social, al tiempo que nueve países europeos se comprometieron a ayudar a España por vía marítima y aérea en el control de la inmigración a Canarias. La conferencia ministerial que la UE y 12 países africanos celebrarán en Rabat la semana próxima será una excelente prueba para calibrar si hay seriedad política, así como medios económicos para afrontar este drama que no cesa.