3.300. Ese es el número de británicos residentes en Francia, Malta, Luxemburgo y Letonia que están en riesgo de convertirse el próximo mes en inmigrantes ilegales, pues no han tramitado los permisos respectivos para poder continuar residiendo, trabajando y disfrutando de los servicios públicos en estos países como venía ocurriendo, mientras el Reino Unido formó parte de la UE.

La alerta figura en un informe del Comité Conjunto de Vigilancia de la Implementación del Acuerdo del Brexit, que el Gobierno británico publicó el viernes. En el texto se recuerda que los Gobiernos de París, La Valeta, Luxemburgo y Riga dieron hasta el 30 de junio a los británicos allí residentes para regularizar su situación. El plazo es el mismo que Londres dio a los comunitarios residentes en las islas británicas antes de su salida del bloque, el 31 de diciembre, para tramitar los estatus de asentado (aquellos que llevan más de cinco años en el país) y de preasentado (para los que llevan menos de cinco años) y así poder continuar sus vidas como si nada.

Con la materialización del divorcio, también se puso fin a la libre circulación de personas entre ambas orillas del canal de la Mancha; y, por ello, tanto Londres como Bruselas pactaron algunas medidas para minimizar el impacto del cambio en los ciudadanos. Sin embargo, expertos como Michaela Benson, profesora de la Universidad de Lancaster, cree que existe el riesgo de que «miles pierdan sus derechos», especialmente por desconocimiento de las implicaciones cotidianas del brexit.

Necesaria información

La catedrática urgió a las autoridades de los países afectados a lanzar campañas de información, en especial en Francia. ¿El motivo? Las autoridades galas no exigen a los comunitarios registrarse para acceder a servicios públicos y por eso muchos británicos allí instalados podrían creer que nada ha cambiado para ellos. «Informar sobre la necesidad del registro y sus consecuencias podría sacar a la luz que hay más británicos viviendo en Francia de lo que se creía, tal y como ha ocurrido en el Reino Unido con el programa de asentamiento para los comunitarios», declaró a The Guardian. Más de 5 millones de nacionales de la UE han pedido el permiso para seguir en tierras británicas tras el divorcio, según las últimas cifras, con lo cual se han superado las estimaciones que hablaban de 3 millones.

Catorce de los Veintisiete miembros de la UE han dado automáticamente la residencia a los británicos instalados en sus territorios antes del brexit, con lo cual no hay riesgo de que pasen a ser ilegales por el fin de ningún plazo. España está en este grupo e incluso les está otorgando este colectivo la llamada Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), para asegurarles sus derechos sociales y facilitarles su ingreso y salida del territorio nacional.

Los restantes 13 estados han decidido aplicarles a los británicos un modelo similar al que Londres les está usando con sus nacionales. Sin embargo, algunos ya han decidido extender el plazo para realizar los trámites. Las autoridades neerlandesas anunciaron hace unos días que los británicos podrán terminar sus residencias hasta el 31 de octubre, mientras que Austria, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Rumanía pusieron el 31 de diciembre como tope.