La relevancia actual de la inmigración en Europa no precisa de ponderación porque no ha cesado desde 1950. El fenómeno se sitúa en el centro mismo de la atención pública y ciudadana. Sin ánimo de infravalorar otras zonas del mundo, la Unión Europea constituye la región que más extranjeros recibe. La reactivación económica de los ochenta y la desintegración del bloque soviético en 1991 trajeron consigo el aumento de la inmigración a la parte occidental del Viejo Continente. El acceso de nuevos Estados a la UE en 2004 desencadena nuevos temores ante el flujo de mano de obra proveniente del Este.

En la actualidad, la población de la Unión supera los 450 millones de habitantes y representa algo más del 6% de la población mundial. En ella residen alrededor de 11 millones de inmigrantes regularizados y se estima que varios millones viven sin papeles, por lo que el interior de las fronteras europeas constituye un espacio que resume los obstáculos y las oportunidades relacionadas con los movimientos demográficos de principios de siglo y la diversidad humana que estos entrañan.

La inmigración se concentra sobre todo en países como España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. En este contexto, España está asistiendo a un cambio estructural de su población, que puede estar repercutiendo en todos, porque los inmigrantes traen consigo un nutriente, susceptible de afectar los valores desarrollados por las sociedades de acogida.

Aunque de un tiempo a esta parte, los más abiertos en Europa proclaman a los cuatro vientos que la heterogeneidad es una de las riquezas del Continente, su existencia en un marco político común es una realidad nueva. Por primera vez se acoge a una gran masa de población con distintas tradiciones, con otras prácticas y costumbres diferentes.

La gestión de los flujos migratorios y el acomodo de la multiplicidad distan de ser cuestiones sencillas. Son uno de los mayores retos de Europa. Se reconozca o no, el cambio social generado por la inmigración ha dado lugar a un sentimiento negativo. Se la considera un elemento que debilita la cohesión ciudadana porque, en Occidente, en vez de dar lugar a una sólida integración se puede estar procediendo a la yuxtaposición de grupos segregados.

Apesar de todo y del alto nivel de desempleo en Europa existe una creciente necesidad de incrementar los inmigrantes. Eso se debe a problemas en los mercados laborales, que no ofrecen suficientes trabajadores cualificados. Hay pocos europeos que quieren hacer las tareas manuales más duras. Debido a la baja tasa de natalidad, desde hace ya varias décadas, la necesidad de dejar entrar más extranjeros crece. En el Viejo Continente se sabe que la integración, y no la asimilación tradicional, de foráneos y de sus descendientes depende de variables como las características estructurales de cada sociedad receptora, el estadio del ciclo migratorio y las políticas de inmigración llevadas a cabo. Pero, sobre todo, es un proceso de doble dirección que implica a la dos partes y requiere respetar una condición, que no por obvia no hay que señalar. Se trata de la igualdad, que exige reconocer como sujetos a los inmigrantes y no considerarlos sólo en función de los beneficios que deparan y de la creciente necesidad que tales sociedades tienen de su concurso. En última instancia, el fenómeno migratorio, que es un factor de corrección de las diferencias de densidad de población, afecta, ante todo, a los que se ven obligados a abandonar su lugar de origen.

La política migratoria europea es una moneda con dos cara. Una representa la Europa de puertas para adentro, la que declara la libre circulación de trabajadores europeos dentro del mercado común. La otra, al resto, ante quien Europa erige sus barreras. ¿Se estará olvidando Europa de la Europa de los ciudadanos? ¿La que fomenta la integración de los nacionales de terceros países no comunitarios? ¿Se estará alejando Europa de su propia legitimidad? Porque si la UE existe es gracias al compromiso con la libertad, la seguridad y la justicia, basado en el respeto de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.