Una jueza de Madrid ha archivado la denuncia del PSOE contra Vox por supuestos delitos de odio y electoral, por un cartel sobre menores extranjeros no acompañados de la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid. En un auto, la jueza de instrucción número 53 de Madrid decreta el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de que los hechos denunciados revistan delito. En el cartel electoral de Vox se ve en un lado a una anciana y en otro a un niño migrante con el texto “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes” con el lema “Protege Madrid, vota seguro”. La decisión, que será comunicada a la Fiscalía y a las partes personadas, admite recurso.

En su resolución, la jueza considera que el “lenguaje directo” utilizado en los mensajes de Vox no ha creado una situación de peligro. “No se aprecia que los mensajes presenten la intensidad necesaria para generar un riesgo a los menores extranjeros ni tampoco a otros colectivos, requisito que exige la jurisprudencia para que exista un delito de odio”, argumenta la resolución. También destaca que el partido de Santiago Abascal estaría ejerciendo su derecho a la libertad de expresión porque está exponiendo el programa de su formación sobre política de inmigración, conforme a lo establecido por el artículo 6 de la Constitución Española. Por último, y en cuanto a los gastos que aparecen en el cartel de propaganda electoral, la jueza asegura que no le corresponde “analizar la realidad de las cifras” que aparecen. “Esta cuestión carece de trascendencia a los efectos de determinar la posible comisión de las infracciones penales que se denuncian”, añade.

El cartel electoral de Vox acumuló numerosos escritos en dependencias judiciales. Aunque la Fiscalía abrió una investigación el 20 de abril por un posible delito de odio, al día siguiente, las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Asuntos Sociales, Ione Belarra, anunciaron una denuncia ante el ministerio público. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también lo llevó ante la Fiscalía. Según el auto, la Fiscalía hizo constar que esta campaña también fue denunciada por Red Acoge, la Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, la Asociación Rumiñahui, el Movimiento por la Intolerancia, la Fundación Raíces, la Dirección General de la Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de Políticas Sociales y la Fundación Ibn Battuta.