El Defensor del Pueblo ha exigido «voluntad política» y una «financiación adecuada» para acoger a los casi 3.000 menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias y ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales que «impulse» con urgencia el reparto solidario de estos niños por el resto de comunidades.

Lo ha hecho ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en la que presentado el informe «La migración en Canarias» y expuesto las principales conclusiones de las últimas visitas realizadas este mes por técnicos de la Institución a centros e instalaciones relacionados con la recepción, detención y acogida de inmigrantes.

Según los datos facilitados por la entidad de protección de menores canaria, a 15 de febrero de 2021 había 2.776 menores extranjeros no acompañados, «una cantidad inasumible» para el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.

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«A la vista de esas cifras, no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto» que supone la acogida y atención de estos menores, ha añadido el defensor, que ha reclamado «la colaboración y solidaridad» del resto de comunidades autónomas.

Tan sólo tres han respondido a las peticiones de ayuda del Gobierno canario: Castilla y León, que se ha comprometido a acoger a 10 menores; Extremadura ha ofrecido 14 plazas, y Navarra, ocho, según ha detallado Fernández Marugán, que ha apelado a las comunidades para que «las cifras sean más importantes y más significativas».

«Son menores que han venido de su país en unas condiciones muy difíciles y debemos trabajar a fondo para lograr su integración porque son una inversión social y económica», ha subrayado antes de reclamar «voluntad política y una financiación adecuada» por parte de la administración general del Estado.

Fernández Marugán ha recordado a las 17 víctimas mortales de la «tragedia de enorme entidad» ocurrida ayer a casi 500 kilómetros de la isla de El Hierro, cuando un helicóptero del Ejército del Aire acudió al auxilio de un cayuco a la deriva en el que halló los cadáveres y del que recogió a 3 supervivientes.

«Es una muestra más de los enormes riesgos que corren las personas que intentan llegar desde las costas de africanas a Canarias», ha lamentado el Defensor del Pueblo, que también ha recordado la muerte de la niña maliense Eléne, que no pudo sobrevivir a la travesía y a la que su madre enterró en las islas hace unos días.

La pequeña y su madre son un ejemplo del nuevo perfil de los inmigrantes que están llegando a las islas: en lo que va de año se ha incrementado el número de mujeres y de menores y ya suponen el 33 % de quienes desembarcan.

A su juicio, «no es humanitario» mantener detenidas hasta 72 horas a madres con niños recién rescatados del mar «en condiciones terribles» y ha pedido que no se les aplique el mismo procedimiento policial que a cualquier otra llegada.

Pese a reconocer las mejoras que la Policía Nacional está llevando a cabo para adaptar sus instalaciones, el defensor ha opinado que estas mujeres y sus hijos deberían ser derivados cuando llegan a centros de acogida humanitaria y una vez hayan recibido esa primera asistencia, realizar todos los trámites policiales necesarios.

Fernández Marugán ha reconocido el «esfuerzo realizado» por las distintas administraciones para acoger a los inmigrantes: «se han sabido buscar soluciones de emergencia para hacer frente a una planificación que no siempre ha sido la mas adecuada», ha añadido.

«Ahora tenemos un problema con las salidas (…) Y no se puede resolver manteniendo a los inmigrantes indefinidamente en las islas», ha advertido el defensor después de reiterar su petición al Ministerio del Interior para que termine con las restricciones a la libre circulación y permita se desplacen a la península.

La política migratoria del Gobierno ha sido duramente criticada por los portavoces de PP y Vox, que han acusado al Ejecutivo de falta de eficacia y descoordinación y le han instado a llegar a acuerdos con los países de origen para poder repatriar a los inmigrantes que lleguen a España en situación irregular.

Por su parte, el PSOE ha alertado del riesgo de asociar inmigración e inseguridad, mientras que el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo ha reclamado la intervención del Gobierno para fomentar una distribución solidaria entre las comunidades de los menores no acompañados y que el archipiélago no se quede solo en su acogida.

Fernández Marugán ha instado a los parlamentarios a dejar de lado sus «rifirrafes» y «a dar un paso más»: «tienen faena, no traten de eludirla y procuren resolverla», les ha aconsejado.

Además, ha advertido del «previsible» incremento de llegadas que se producirá «a lo largo del verano, y que de hecho ya están produciendo», y ha hecho un llamamiento para que no vuelvan a producirse situaciones como las del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) en 2020.

«Debemos estar preparados para dar una solución adecuada a este fenómeno que respete la dignidad de estas personas y sus derechos», ha concluido.