La Policía desarticuló en los últimos días en Barcelona y Valencia una organización compuesta por ciudadanos de nacionalidad española y colombiana que se dedicaban a la falsificación de documentos para inmigrantes, como permisos de residencia y de conducir, y a favorecer la llegada de ‘sin papeles’ a España, según informaron hoy fuentes de la investigación. En la operación policial fueron detenidas un total de 42 personas.

Según los investigadores, 14 de los detenidos – 9 de ellos en la capital catalana – están acusados de ser los responsables directos del fraude y los otros 28 son inmigrantes en situación irregular y de distintas nacionalidades que obtuvieron los documentos falsificados por la banda a cambio de dinero. La Policía calcula que los beneficios obtenidos por esta banda de delincuentes en los últimos dos meses superan los 300.000 euros.

Según han podido establecer los investigadores, los delincuentes se dedicaban principalmente a falsificar permisos de residencia españoles para trabajadores extranjeros sin documentación legal a los que intentaban darles de alta en la Seguridad Social. La banda también se dedicaba a falsificar nóminas para que los sin papeles pudieran solicitar créditos a entidades bancarias, así como permisos de conducir de países de América Latina para canjearlos en la Dirección General de Tráfico por documentos españoles.

Los investigadores aseguran que los miembros de esta organización delictiva habían logrado un «gran nivel de especialización», fundamentalmente en el área mediterránea española y en sus dos principales capitales, Barcelona y Valencia. De hecho, la banda había conseguido instalar gran parte de su infraestructura dedicada a la falsificación de documentos en la capital del Turia.

Captados en locutorios

Las investigaciones policiales empezaron hace seis meses al detectarse la existencia de varios individuos que se dedicaban a falsificar permisos de residencia y trabajo para inmigrantes de diversas nacionalidades en situación irregular en España. Al parecer, los delincuentes captaban a la mayoría de los sin papeles en locutorios de Barcelona, Valencia y otras localidades catalanas y valencianas a través de intermediarios, que les engañaban y les prometían una mejora de su situación jurídica por dinero.

Una vez conseguido este objetivo mediante el pago de cantidades económicas que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, el siguiente paso era la integración ficticia de los inmigrantes en el sistema español de la Seguridad Social.