Interior desoye las recomendacionesdel informe del Defensor del Pueblo

Los migrantes se siguen topando con obstáculos para abandonar las islas pese a los autos judiciales que les reconocen ese derecho

La Voz de Galicia, Loreto Gutiérrez LORETO GUTIÉRREZ MADRID., 22-04-2021

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, confirmó ayer que en las últimas inspecciones que técnicos de la institución han llevado a cabo en Canarias los inmigrantes se siguen quejando de que no se les permite salir de las islas, pese a tener el derecho legal de trasladarse a la península. En la reunión que mantuvo con el senador de CC, Fernando Clavijo, Fernández Marugán adelantó parte de lo que va a exponer en detalle el próximo martes en el Senado, donde comparecerá para actualizar su informe sobre la situación migratoria en las islas emitido el 3 de marzo con los nuevos datos recogidos entre el 11 y el 17 de abril.

«El informe arrojó mucha luz ante la falta de información y opacidad del Gobierno y determinó que se estaban cometiendo ilegalidades, pero el Ministerio de Interior no ha cambiado de política», señaló Clavijo tras la reunión, «porque el Defensor del Pueblo ha comprobado en esta última visita que no están dejando salir a los inmigrantes, y compartimos preocupación respecto a estas personas que teniendo documentación quieren continuar su viaje y se les está reteniendo».

Obstrucción
CC cree que hay instrucciones directas de Grande-Marlaska para que se impida viajar a los inmigrantes.
Iniciativas
El senador Clavijo denuncia que el Gobierno incumple todos los acuerdos de las Cortes sobre inmigración.
Comparecencia
El Defensor del Pueblo actualizará el próximo martes en la Cámara Alta su informe sobre Canarias.
El senador nacionalista recuerda que ya hay dos autos judiciales que avalan la libertad ambulatoria de los inmigrantes con pasaporte o solicitud de asilo con la única limitación de las restricciones sanitarias de la pandemia, pese a lo que solo están pudiendo salir de las islas con cuentagotas. «Espero que los dos autos judiciales lleven al Ministerio a rectificar, porque hasta el momento no lo ha hecho pese a constatarse que impedirles la movilidad es una ilegalidad», indicó.

Clavijo adelantó que va a presentar una pregunta al Gobierno en el Senado para saber quién ha dado la orden de que no se levanten los obstáculos al libre tránsito de los inmigrantes que quieren salir de Canarias y disponen de la documentación exigida. «Los impedimentos se mantienen y no creemos que sean los policías los cabezas de turco, tiene que haber alguna instrucción de Interior para que actúen así», señala.

El representante de CC en la Cámara Alta espera que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responda en esta ocasión con claridad, sin tratar de salir del paso como a su juicio hizo la vez anterior «cuando contestó que soltar a doscientos inmigrantes del campamento de Arguineguín fue fruto de una serie de errores casuales», indicó, «esperemos que esta vez haya respeto al Senado y el Ministerio de Interior cambie su actitud de falta de transparencia, arrogancia y displicencia», añadió.

Clavijo y el Defensor del Pueblo abordaron también la situación de los 2.667 menores inmigrantes no acompañados acogidos en Canarias y comparten que la solución pasa necesariamente por que el Estado lidere un acuerdo entre comunidades autónomas para su distribución. «No podemos estar simplemente mandando cartitas y esperando la solidaridad de las comunidades autónomas porque además estamos viendo como miran para otro lado», señala, «los menores son el eslabón más débil de la crisis migratoria y tienen que tener una respuesta, no se puede dejar sola a Canarias», añade. Asimismo, el senador de CC expuso a Fernández Marugán las demandas de los vecinos que viven cerca de los centros de acogida. «Si no hay una respuesta rápida al final esos pequeños conflictos que hay dentro de los campamentos se pueden extender fuera, y ni los inmigrantes ni las islas se merecen la insensibilidad con las que está actuando el Gobierno», recalcó.

Clavijo recuerda que el Defensor del Pueblo no puede exigir nada al Gobierno, porque es un fiduciario público al servicio de las Cortes. «La responsabilidad de pedir cuentas es nuestra, de las Cámaras, y en el Senado ya hemos aprobado acuerdos importantes en esta materia, pero el Gobierno no los cumple y sigue como quien oye llover porque le da igual», asegura.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)