«Satisfacción». Esa es la reacción que le genera al primer ministro italiano, Mario Draghi, la política migratoria libia, que alabó durante su visita el pasado martes a Trípoli, donde se reunió con Abdul Hamid Dabaibá, líder del nuevo Gobierno de unidad nacional que tiene que llevar las riendas del país norteafricano hasta la celebración de elecciones el 24 de diciembre. En su primer viaje internacional, Draghi pasó de puntillas por el asunto más espinoso en las relaciones entre Italia y Libia y solo mencionó los «salvamentos» que hace la Guardia Costera libia, equipada y entrenada con fondos europeos.

En el encuentro con Dabaibá pesaron mucho más los millonarios contratos que las empresas italianas esperan obtener en la reconstrucción que promete el nuevo Gobierno de Trípoli. No dijo ni una palabra de los centros de detención para inmigrantes, donde se producen «horrendos abusos» que la ONU lleva años denunciando, ni tampoco de cómo el tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio para las milicias armadas. Precisamente, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció ayer la muerte de una persona y las heridas sufridas por otras dos, adolescentes, durante un tiroteo en el centro de detención de Al Mabani, en Trípoli, provocado por la masificación y el hacinamiento.

«Un salvamento en el mar concluye solo cuando se llega a un puerto seguro. Si a los migrantes y refugiados se les devuelve a Libia se trata de una condena a la violencia y a la brutalidad en los centros de detención. Hay poco de lo que estar satisfecho», lamentó MSF. No es la única organización humanitaria que criticó a Draghi. «Lo que define como ‘salvamentos’ no son tal: se trata de recuperar por la fuerza a personas que acaban en lugares donde sufren torturas, abusos y violencias», advirtió la ONG Emergency.

La ONU afirma que hay cerca de 4.000 personas encerradas en los centros de detención para extranjeros, donde sufren unas «condiciones extremas» y tienen dificultades para el acceso a la ayuda humanitaria. Eso ocurre en las cárceles oficiales, pero se teme que la situación sea todavía más dura en los centros irregulares, donde no se sabe cuántas personas hay internadas.

«La situación en Libia es extremadamente insegura para los inmigrantes. Tienen riesgo de arresto arbitrario y en las instalaciones donde son llevados hay superpoblación, el acceso al agua y la comida no está asegurado y la violencia se utiliza como forma de gestión habitual», advierte Bianca Benvenuti, responsable de asuntos humanitarios de MSF en Libia, donde visita habitualmente las cárceles oficiales en las que se recluye a los extranjeros que tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. «En los centros no oficiales se sabe que se utiliza la tortura y la extorsión para ganar dinero con la inmigración», denuncia.

Para Benvenuti la «satisfacción» mostrada por Draghi refleja que la política italiana y europea está «cada vez más ciega». «Los que son devueltos a Libia se ven de nuevo expuestos a un ciclo de abusos sistemáticos. Muchos desaparecen. Probablemente vuelven a caer en las redes de traficantes». La postura de Italia y Europa «confirma la criminalización de los movimientos migratorios».

Se calcula que hay unas 16.000 personas que, entre 2020 y los primeros meses de 2021, han sido interceptadas por la Guardia Costera libia y devueltas al país norteafricano cuando trataban de cruzar el canal de Sicilia. Durante su polémica intervención en Trípoli – en una semana donde también la UE le ha afeado por llamar «dictador» al mandatario turco Recep Tayyip Erdogan en el marco del ‘sofagate’ – , Draghi recordó el apoyo de Italia para que desempeñen esa tarea.

Ambos países firmaron hace cuatro años un acuerdo para contener esos flujos que ha costado a Roma y a Bruselas unos 785 millones de euros. Una serie de ONG exigió el pasado febrero al Parlamento italiano que revocara el pacto, ya que no ha puesto fin a las muertes en el Mediterráneo y propicia continuas violaciones de los derechos humanos.