Juan José Domínguez Navarro, responsable de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que gestiona centros de acogida de migrantes menores, ha reclamado celeridad en las pruebas de edad, porque está convencido de que la mitad son adultos.

El experto, que ha comparecido en la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la situación de la infancia, ha urgido a resolver este cuello de botella para poder atender con eficacia a los que realmente son menores de edad y requieren de formación y acciones de integración social.

Para Domínguez Navarro, no es aceptable que no haya ningún filtro cuando los inmigrantes llegan a las costas y que se envíe a los centros de acogida de menores a todo el que se declare menor, a la espera de unas pruebas óseas que se demoran durante meses por la falta de medios y la descoordinación de las administraciones.

Esta práctica lleva a la saturación de los centros de emergencia, a la utilización de establecimientos turísticos como alojamientos, a la convivencia entre niños y adultos y a una atención deficiente a quienes realmente son menores de edad.

Según sus cálculos, de los 1.500 menores migrantes acogidos en la red autonómica canaria (excluidos los que están atendidos por los cabildos), el 90% está a la espera de las pruebas óseas, pero es evidente que al menos la mitad son adultos.

«Algunos podrían ser mis hermanos mayores o tienen canas en la barba», denunció el experto, y alertó del riesgo que se asume por mantener conviviendo a niños con adultos.

Sugirió que se autorice a las fuerzas de seguridad a realizar un filtrado previo a la llegada de las embarcaciones para no derivar a los centros de menores a todo el que se declare así cuando es evidente que son adultos, sino solo en los casos de duda.

«Cuando esto se estabilice» y se consiga acelerar las pruebas óseas, se podrá contar con las infraestructuras adecuadas, liberar plazas y dotar de formación a los menores para poder avanzar con ellos más allá de la alfabetización.

Hay que definir itinerarios formativos de urgencia, «cortos y eficaces» en áreas como la construcción, agricultura y hostelería, para no mantener a lo menores sin hacer nada todo el día a la espera del paseo vespertino y evitar que acaben en la calle sin posibilidades cuando lleguen a los 18.

También es preciso agilizar la burocracia para documentarlos, algo que antes tardaba tres meses y ahora año y medio, de modo que a veces de nada vale que estén formados e integrados socialmente si luego no pueden ser autónomos.

El responsable de Asociación Solidaria Mundo Nuevo instó a acelerar la determinación de la edad para separar a los menores de verdad, porque «ahora estamos en el barullo» por la llegada de pateras, pero en tres meses la situación puede ser «una bomba de relojería».

Domínguez también consideró que las administraciones deben colaborar solidariamente, porque hay mucho centro cerrado «que no interesa aflorar» y ayuntamientos que bloquean su apertura, una situación «muy triste» que no ayuda a Canarias cuando luego pide la solidaridad de otras comunidades.

En su opinión, la acogida de los menores migrantes no es un problema local ni una competencia canaria, sino estatal y europea, una reivindicación de años que «no hay que abandonar», pero mientras tanto «hay que actuar» con los muchachos.

«Parece que en 20 años no hemos aprendido nada» y se actúa igual que en la crisis de los cayucos de 2006 a 2010, cuando se creía que se trataba de una situación de emergencia con poca duración.

Entonces inicialmente la actuación era muy básica con los menores, pero hubo que normalizar la atención educativa, social y legal, y en eso hay que trabajar ahora, subrayó, porque al final «los tenemos acogidos y tenemos que orientarlos y formarlos para intentar que cuando salgan sean autosuficientes».