Madrid – Aunque el caos migratorio no cesa, el efecto de los famosos
«vuelos solidarios» que lleva a cabo el Gobierno con los inmigrantes
subsaharianos que llegan de África comienza a pasar factura al organigrama
de ayuda social de la región. Son las 18:00 horas en un albergue
cualquiera cuando comienzan a llegar los «residentes». Entre ellos, Cissé.
Es de Costa de Marfil y tiene 29 años. Conduce autobuses. Al ir a
presentar el carnet de acceso, todo son nervios: no lo encuentra. La
impotencia se refleja en sus ojos. El guarda le permite pasar. «Tienes que
llevar el carnet más a mano, porque si no, te quedas fuera». Siempre con
los papeles encima para evitar que le detengan, para que le permitan
vivir. Hace ocho meses juntó los pocos ahorros que tenía y pagó una plaza
en una patera. «En mi país, aunque tengas trabajo nadie te salva del
hambre. Por eso me arriesgué a buscar algo mejor. La patera me llevó a Las
Palmas». Allí fue atendido por la Cruz Roja. No traía documentación ni
equipaje. Venía con lo puesto.
   Sobrevivir de los parientes. Le
trasladaron en avión a Murcia y de allí a Madrid. «Estuve en Murcia una
temporada – continúa Cissé – y me enteré que un amigo de mi hermana vivía en
Madrid. Aquí sólo puedes sobrevivir a base de parientes, la ayuda social
se acaba rápido. Llegué hace un mes. Nadie me da trabajo porque no tengo
papeles ni estudios. He buscado y buscado, pero nadie se arriesga a
ofrecerme nada».
   Le acompaña Bakayoko. Tiene 26 años. Era
jugador de fútbol profesional en su país. Entró en Marruecos por Argelia.
Allí estuvo seis meses hasta que cruzó la valla en Melilla. Quiere probar
suerte en el fútbol español. «No hay vida sin papeles. En Melilla me cogió
la policía sin documentación y me llevó a Fuerteventura. Me dijeron que me
iban a mandar en avión a mi país. Llevo varios meses en Madrid y nadie me
ha llamado para regresar. Ahora busco trabajo de lo que sea. Los
madrileños son muy amables, pero casi nunca te pueden dar trabajo, porque
se meten en líos. Es muy triste sentir que para una sociedad tu presencia
es un peligro. Yo he venido decidido a encontrar mi oportunidad. La liga
de fútbol española es la más fuerte del mundo y creo que hay sitio para
mí».
   Suliman viene de Gambia. Tiene 23 años y desde los 16
fue agricultor. Llegó a Almería como polizón de un barco desde Melilla.
Después de unos meses, fue a Madrid, tras pasar por Málaga. «Yo he tenido
suerte. No tengo papeles y, sin embargo, he encontrado algunos trabajos
eventuales moviendo muebles. Sin embargo, hay que estar constantemente
buscando empleo. No tengo dinero para pagar los trámites que tiene que
hacer la embajada para regularizarme. Colaboro en una Fundación para salir
adelante. Quiero ser guardia de seguridad. Puedo proteger a la sociedad al
igual que ella puede protegerme a mí».
   Colectivo en
aumento. Según la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid
habitan en la región 950.000 inmigrantes empadronados. El porcentaje de
subsaharianos es minoritario; sin embargo, es el colectivo que, en
proporción, tiene un mayor número de personas sin regularizar. En los
últimos seis meses, el Gobierno ha trasladado de las islas Canarias a la
Comunidad de Madrid 3.527 de los 5.500 subsaharianos que ha enviado a la
Península para repatriados a sus países de origen. Es decir, diez veces
más que a Cataluña (350) y casi quince más que Murcia (282), por ejemplo.
De estos, según denunció el Ejecutivo Regional, sólo fueron informados de
1.477. En total, estas llegadas han aumentado un 30% respecto a 2005.
   Desde el 1 de enero de 2006 se ha revelado un incremento notable de los
subsaharianos en los centros sociales. En el albergue de San Juan de Dios,
más de la mitad de los residentes en lo que va de 2006 han sido
inmigrantes. Y de ellos, el colectivo subsahariano ha aumentado más de un
7% (hasta el 22, 23%), convirtiéndose en el colectivo más representado. Lo
mismo ocurre en el albergue de San Martín de Porres en ese mismo periodo,
donde representan el 26% del total de acogidos. Santa María de la Paz
mantiene los índices de hace dos años (4,6%) incluso después de la entrada
en vigor de los planes de control de inmigración del Gobierno. En el
comedor de San Vicente de Paúl también confiesan las cifras suben
notablemente. En los centros de Cáritas en la Comunidad también han notado
el incremento.
   «Vienen con lo puesto. Andrés Gabaldón es el director
del albergue de San Juan de Dios. Comenta que «una de cada cuatro camas
que hay en el albergue la ocupa un subsahariano. Y eso que sólo atendemos
los casos que consideramos de extrema urgencia, porque si no tendríamos el
albergue lleno de ellos y habría más haciendo cola. Casi todos desembocan
aquí enviados desde Canarias y Melilla. Vienen con lo puesto. No traen
documentación. De hecho, los que la traen sólo presentan el certificado
que les expide la Policía en los centros de internamiento». En los
albergues sólo les pueden ofrecer alojamiento, alimentación, cuidados y
asesoramiento legal. En la mayoría de los casos tratan de reorientarles a
programas que cubran una atención mayor. Sin embargo, sin papeles la ayuda
que se les ofrece es limitada.
   Problemas mentales. José Manuel es
trabajador social y ayuda a subsaharianos en el albergue de San Martín de
Porres. Observa cómo la marginación afecta a los inmigrantes. «Estas
personas subsisten aquí de forma relativamente sencilla, porque se les
proporciona lo básico. De hecho, es lo que esperan en la mayoría de los
casos; ni siquiera piden ayudas para los papeles. Sin embargo, conseguir
la regularización es tarea casi imposible. Las únicas opciones son el
arraigo laboral o social por familiares que ya estén regularizados aquí.
Esta situación produce que mucha gente que no consigue papeles se quede
descolgada y cada vez más atendemos casos de gente con problemas de salud
mental por este hecho».
   La Cruz Roja es el organismo que hace
mayor hincapié en el apoyo a este colectivo a través de comedores y
centros de asistencia. Según fuentes de la organización, el perfil del
inmigrante subsahariano es de un hombre joven de entre 20 y 30 años,
soltero, con estudios primarios, y que conoce dos idiomas, el suyo de
origen e inglés o francés. Los países de procedencia habitual son: Mali,
Guinea, Ghana, Senegal y Mauritania. Estos jóvenes solicitan en su mayoría
cobertura básica, como manutención y alojamiento y, en una significativa
menor medida, información legal y social.
   La asociación Caribú
es un proyecto integral subvencionado por el Ayuntamiento y la Comunidad,
cuyo objetivo es la atención a mujeres subsaharianas en riesgo de
exclusión, con menores a su cargo o en estado de gestación. Según Antonio
Freijo, su presidente, «estas personas salen de sus hogares para buscar
una vida mejor, para huir del hambre y la guerra. Aquí no vienen por
turismo o por aventura; sueñan con trabajar, pero nuestra sociedad les
pone un muro físico y legal para vivir en nuestro país. Los subsaharianos
nunca estuvieron tan desprotegidos. La ley les impide tener acceso a
documentación alguna. Y sin ella es imposible encontrar trabajo».