La plataforma Somos Red ha denunciado que en la tarde del pasado martes decenas de personas migrantes que viven en situación de calle en el entorno de una playa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fueron «abordadas» por funcionarios del cuerpo de la Policía Local, quienes les dieron la orden de abandonar el lugar sin ofrecerles ninguna alternativa de alojamiento. Además, un camión de basura se llevó las pertenencias de las personas que no se encontraban en el momento de la intervención, según apuntan en un comunicado. Esta medida, se les informó, se tomaba en previsión del aumento de tránsito de la zona, tanto de residentes como de turistas, debido a la llegada de la Semana Santa.

Ante esta situación, reclaman al Ayuntamiento el compromiso adquirido por su alcalde, Augusto Hidalgo, quien a principios de este mes aseguraba que actuaría para «que no hubiesen inmigrantes viviendo en las calles» de la capital grancanaria o insistiendo en que la sociedad es «avanzada y occidental» como para permitir que haya personas viviendo en dichas condiciones. Tras varias semanas en la misma situación, no solo se continúa sin ofrecer una respuesta institucional que asegure un trato digno, sino que se ha normalizado que la única alternativa que tienen estas personas sea la de vivir en determinados espacios públicos sin ningún tipo de atención.

Tanto Somos Red como numerosos colectivos, organizaciones y asociaciones (tanto en ámbito local, regional y nacional) llevan meses elevando la voz sobre esta problemática, manteniendo reuniones con diferentes responsables de las principales instituciones canarias en las que se les ha trasladado, sin éxito, «la necesidad de articular una respuesta inmediata ante el evidente fracaso del Plan Canarias».

En esa línea, rechazan las políticas planteadas hasta ahora por el Gobierno, cuyo objetivo, critican, es «impedir a toda costa el viaje de las personas migrantes». Por ello, piden a las instituciones que trabajen de forma coordinada para desbloquear la situación de quienes se encuentran atrapados en Canarias, para que puedan ejercer su derecho a migrar y al libre tránsito, establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. «Estas personas han visto truncado su viaje como consecuencia de las políticas migratorias del Gobierno de España y de la Unión Europea, que obligan a jugarse la vida en el mar y que han convertido al archipiélago en un escenario de cárcel con un único final: la deportación», manifiestan en una nota.

También solicitan el reingreso en los centros de acogida humanitaria de las personas en movimiento que así lo deseen; ofrecer una alternativa alojativa digna para las personas que se encuentran en situación de calle, abriendo los recursos de emergencia que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene a su disposición; y abandonar los macrocampamentos para construir a medio plazo un sistema de acogida humanitaria donde se respeten los derechos y se generen espacios de encuentro. Todas estas peticiones están llamadas a paliar las condiciones deficientes a las que están sometidos los inmigrantes irregulares, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar los recursos y quedar en situación de calle ante la falta de habitabilidad, información sobre su destino o asesoramiento legal.