LA VERDAD/MURCIA
Imprimir noticiaImprimirEnviar noticiaEnviar

Publicidad

Ni es la primera vez ni,desgraciadamente, será la última. Los abusos a que son sometidos numerosos inmigrantes en materia de vivienda son conocidos por cualquier vecino y cuando se llega a la denuncia es como en el caso de Molina de Segura porque algo nos molesta.

Ocurrió el pasado fin de semana en San Javier. Denuncias porque un grupo de inmigrantes molestaba a otros con sus ruidos. Si la convivencia en el seno de una misma familia ya es de por sí algunas veces difícil de mantener, imaginemos dos o tres familias con el piso dividido en sectores, pero con zonas de uso comunitario. Véase: cocina y cuartos de aseo o de baño. Luego puede haber amistad entre esas familias o, al contrario, disputas.

¿Qué ocurre? Que los propietarios de dichos pisos cobran alquileres que ni en la Gran Vía de Murcia y jamás los habrían cobrado si no es por el fenómeno de la inmigración. Cantidad de casas que estaban cerradas en numerosos pueblos se han abierto al inmigrante, pero no con sentido de la solidaridad sino de la explotación. Porque la ley de la oferta y la demanda no puede colocar una vieja casa de una zona de huerta, o de campo, o de una pedanía con escasas infraestructuras al doble de precio que un barrio que cuenta con todos los servicios.

El caso que nos ocupa hoy no es extremo, ni mucho menos. Recordemos en una pedanía el uso de unas marraneras como alojamiento. Esto sólo se puede acabar con mano dura. Pero, ¿y dónde se meten a dormir?