Entre 8.000 y 10.000 euros cobraba a ciudadanos magrebíes una red que acaba de ser desarticulada por regularizar su situación. Lo hacían mediante inscripciones irregulares en el registro de parejas de hecho y toda la trama la ha descubierto la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía de El Puerto de Santa María-Puerto Real, en la provincia de Cádiz.

Han sido detenidos un abogado, un empresario y una pareja de nacionalidades española y marroquí que se había inscrito como pareja de hecho. Esta semana, la operación ‘Manzanilla’ ha logrado desarticular por completo la red que se ha saldado con casi veinte detenidos, entre ellos una abogada española de origen marroquí que cobraba entre 8.000 y 10.000 euros a ciudadanos magrebíes en situación irregular bajo la promesa de conseguirles una estancia por tres años, necesaria para solicitar luego la situación de arraigo y regularizar su estancia en España. Lo hacían mediante inscripciones como parejas de hecho ficticias.

La trama estaba asentada en Sanlúcar de Barrameda, y desde allí, la abogada, que estaba colegiada en Cádiz, tenía un captador también de origen magrebí, aunque nacionalizado español, que se dedicaba a ofrecer los servicios de la abogada para regularizar ilegalmente la estancia de los ciudadanos y ciudadanas marroquíes.

La labor de investigación policial de la UCRIF que lidera la inspectora Raquel Díez ha sido ardua porque además de ser una unidad modesta, debe cruzar datos de tres administraciones: el padrón municipal, que depende de los ayuntamientos; el registro de parejas de hecho, que depende de la Junta de Andalucía, y por último, la solicitud de documentación de residencia legal para el extranjero en la Subdelegación de Gobierno. Durante varios meses, desde octubre del pasado año, los investigadores de la UCRIF se centraron en la comprobación de la efectiva convivencia de las presuntas parejas, así como de la obtención de la documentación probatoria de las falsedades documentales. El modus operandi es sencillo, y según fuentes policiales, «no tiene ningún control posterior sobre si los empadronados viven realmente en el domicilio que acreditan, ni tampoco con los contratos de alquiler que se pueden presentar, que pueden ser falsos, y luego nadie se ocupa de verificarlo».

Todo se destapó, efectivamente, al cruzar los datos. Al menos ocho parejas de distinta nacionalidad habían acudido a empadronarse al Ayuntamiento de Sanlúcar indicando como domicilio un bloque de viviendas en el que no vivía ninguno de ellos, y que era propiedad de una promotora, cuyo titular está encartado en la causa. Además, también se habían llegado a empadronar en el domicilio del captador. La mayoría de los españoles que han participado son chicas, pero también hay algún hombre. «Son todos muy jóvenes, solo tenían que firmar, no tenían antecedentes, y sí necesidades económicas», indican fuentes de la investigación.

Hasta 2.000 euros por pareja

El captador recibía entre 1.500 y 2.000 euros por cada pareja. Luego era la abogada la que se encargaba de cumplimentar el resto de las gestiones administrativas, como inscribirlos en el registro de parejas de hecho. Pero antes, las parejas debían pasar una entrevista personal, juntos y por separado, en la que no haya contradicciones y que evidenciase que, efectivamente, ambos se conocían muy bien. Tanto, como para formalizar su relación como pareja de hecho.

La entrevista, obviamente, «estaba preparada», y al pasarla, la abogada se dirigía a la Junta de Andalucía a inscribirlos como Pareja de Hecho. El requisito es indispensable para luego acudir a la Oficina de Extranjeros en la Subdelegación de Gobierno para el último trámite, que era solicitar la tarjeta de residencia de familiar de la Unión Europea, con una validez de tres años, prorrogables.

Tras detectar que 16 personas figuraban empadronadas en un mismo lugar en el que no vivían, que todos se habían registrado como parejas de hecho y que algunos integrantes de nacionalidad marroquí ya tenían sus solicitudes de Tarjeta de Residencia e incluso la misma tarjeta de la Subdelegación, solo hubo que tirar del hilo y todos apuntaron hacia el captador.

Los presuntos delitos eran dos: uno, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y el otro, un delito de falsedad documental. Durante los interrogatorios, el captador se derrumbó y decidió que no iba a cargar solo con todo lo que se le venía encima: declaró que trabajaba por el encargo de una abogada, y que ésta cobraba «entre 8.000 y 10.000 euros a cada marroquí». La Policía Nacional la considera el cerebro de la trama delictiva. “Además, viajaba con mucha frecuencia a Marruecos”. Los investigadores consideran que tanto abogada como captador se aprovechaban de sus orígenes para ganarse la confianza de los ciudadanos marroquíes en situación irregular.

La letrada solicitaba a su contacto la búsqueda de un ciudadano o ciudadana española para regularizar a un extranjero que solicitaba sus servicios jurídicos y ella era quien finalmente participaba personalmente como abogada y representante legal en las formalizaciones documentales necesarias, tanto en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz como en el Registro de Parejas de hecho de la Junta de Andalucía. La mujer fue citada en las dependencias de la Brigada de Extranjería de Puerto Real donde compareció con un abogado particular. Las pruebas eran aplastantes. La mujer acabó siendo detenida como presunta autora de los delitos de falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.