El Ministerio de Igualdad quiere combatir el racismo pero, en su intento de desarrollar políticas públicas para acabar con la discriminación, dice chocarse con un obstáculo: la escasez de datos. La falta de estadísticas o estudios oficiales desglosados por etnia o raza en España impide medir con cifras la desigualdad sufrida por la población racializada, por lo que el departamento de Irene Montero plantea la introducción de una pregunta, de respuesta voluntaria y anónima, sobre el origen ético/racial en las encuestas oficiales.