Sucede en Bilbao, pero podría suceder en cualquier otro municipio de la CAV. Una familia recién llegada de otro país lleva la documentación para matricular a sus hijos en un centro público. Como el curso está empezado, su solicitud se remite a una comisión de escolarización creada para evitar que todas las matrículas fuera de plazo se concentren en determinados centros. Esa comisión, dependiente del Departamento de Educación , la deriva a a un centro privado (concertado, como casi todos). Allí le dicen a la familia que es obligatorio cursar religión católica. La familia, que profesa otra religión, intenta matricularse en la escuela pública a la que se dirigió al principio. ¿Cómo termina esto? Las matrículas se hacen definitivas en el centro público que tiene un porcentaje de alumnado autóctono muy bajo, aunque en su entorno los inmigrantes no llegan al 20%. La comisión de escolarización sigue enviando parte del alumnado fuera de plazo a centros privados-concertados, pero cede a la peticiones de las familias que eligen ir a un centro público. El centro privado sigue con las prácticas ilegales (religión obligatoria, exigencia de niveles mínimos para acceder…) que espantan a cada familia que no desean admitir. Siguen cobrando conciertos y pidiendo más dinero público.