? través de testimonios de víctimas, de representantes de organizaciones que trabajan con ellas y de profesionales de ocho comunidades autónomas, Aministía Internacional analiza en su último informe, titulado Más derechos, los mismos obstáculos, cuánto dista la realidad de lo deseable en materia de violencia de género. El documento, presentado ayer, denuncia que, pese a la entrada en vigor de la Ley Integral dieciocho meses atrás, y de los Juzgados de violencia, hace hoy un año, la situación de las mujeres víctimas de esta lacra no ha mejorado, es decir, los obstáculos con los que se encuentran son prácticamente los mismos que antes de la nueva legislación.

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El director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, esgrimió cifras. No en vano en lo que va del 2006 – hasta el 31 de mayo – han muerto asesinadas 32 mujeres, lo que supone el mayor número de víctimas mortales desde 1999, lo que demuestra que la entrada en vigor de la Ley Integral no redujo la violencia.

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Beltrán afirmó que el objetivo del informe es «evitar que esta ley, que es el buque insignia de la política de derechos humanos del Gobierno, haga aguas, que las hace por todas partes. Hay que tomar medidas ya».

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En este sentido, el documento de Amnistía, identifica al menos 24 obstáculos que las mujeres víctimas de violencia encuentran cuando tratan de salir de la situación, y que van desde la falta de medidas eficaces para la detección precoz de la violencia que sufren en el ámbito sanitario – todas las mujeres, denuncien o no, recurren a su médico por problemas de salud – , hasta las dificultades de acceso a recursos de ayuda de calidad – en las diferentes comunidades autónomas no hay recursos homogéneos – , pasando por la falta de formación de los profesionales de las distintas áreas que tratan con las víctimas.

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Algunos de los obstáculos, explicó Beltrán, «se producen por falta real de voluntad política y otros son fruto de una política deliberada». Entre los primeros está el hecho de que no se proteja igual a las mujeres de todo el territorio español, ya que mientras que una comunidades tienen centros integrales de recuperación o turnos de oficio especiales, en otras no existen e incluso no aceptan en sus recursos a víctimas que procedan de otras comunidades, salvo que vayan «recomendadas». Ejemplo de esa política deliberada es, además de la discriminación de las inmigrantes, sin «derecho» a las ayudas económicas y con un posible procedimiento de expulsión si denuncian maltrato, la «imposibilidad de que la víctima o su familia consigan una reparación».

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En la presentación del informe también participaron la investigadora del documento, María Naredo; la directora de la Asociación Psicosocial pro Igualdad de Vitoria, Marian García, y Rosa Márquez, madre de Susana Vega, una joven de 21 años asesinada en diciembre de un tiro en la cabeza cuando llevaba a su bebé en brazos.

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Que sólo se denuncia un 5% de los casos de violencia, que las órdenes de protección se denegaron en el 22,7% de los casos, que los Juzgados están saturados y que la violencia de género «ha perdido el concepto de prioridad pública» son otros aspectos de un informe que, como la exigencia de Rosa Márquez de que los maltratadores cumplan íntegras las penas, no dejan indiferente.