?alicia completa, junto con otras siete comunidades, el trabajo de campo de este informe. Y algunos datos son agrios, pues se ha constatado que la discriminación de las mujeres inmigrantes en situación irregular también se produce en el acceso al llamado «salario da liberdade», creado por la Xunta el pasado marzo y cuya cuantía oscila entre los 200 y los 600 euros mensuales. La citada prestación se condiciona para las extranjeras a «acreditar la posesión de permiso de residencia».

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Otra «deficiencia» encontrada es que en Lugo no existe un turno de oficio 24 horas, lo que impide la mayoría de las veces que las víctimas presenten la denuncia asesoradas por letrado. Galicia tampoco cuenta con el centro de recuperación integral que el Gobierno se comprometió a crear en cada Comunidad Autónoma y, de nuevo en Lugo, la ONG constató que la Comandancia de la Guardia Civil tenía una implicación cero con las víctimas, pues se negó a contestar un cuestionario sobre el cumplimiento del protocolo policial ante violencia, diciendo que «no saben nada de protocolos». Pese a todo, en Galicia se conceden el 82% de las órdenes de protección incoadas.