El alcalde, Eduardo Contreras, ha señalado a La Verdad que «cuando se trata de personas que están explotando, hay que llegar al fondo del asunto». Por ello considera que el Ayuntamiento debe ser beligerante ante una situación «no deseable y perseguible». Contreras indica que el caso no sólo se pondrá en conocimiento de la Fiscalía, sino que ha pedido informes de los servicios jurídicos municipales para trasladarlos a las instancias judiciales.

Destaca que la actuación municipal ha estado bien coordinada, pero advierte que esta situación no sólo pasa en Molina, sino en muchos otros lugares, y por ello reclama que la política de inmigración del Gobierno evite situaciones de este tipo. «Las leyes no solucionan estos problemas, sino la voluntad de hacerlas cumplir», indica el alcalde. Además, ha garantizado, a través del servicio de atención al inmigrante del Ayuntamiento, un trato digno para las 20 personas que vivían hacinadas en la Balsa del Lino. El Ayuntamiento pondrá los hechos en conocimiento de la fiscalía por si fuesen constitutivos de delito.