Las expectativas creadas por la ley contra la violencia machista, aprobada hace un año, no se han cumplido, según denunció ayer Amnistía Internacional. Andrea Compagno, portavoz de la organización, explicó que faltan medidas eficaces para detectar los malos tratos en el ámbito sanitario, que las mujeres encuentran dificultades para acceder a los recursos sociales y que los jueces, sobrecargados de trabajo, aún se dejan llevar por estereotipos sociales que tienden a poner en duda el testimonio de las víctimas. En total, Amnistía ha detectado hasta 24 obstáculos con los que las mujeres víctimas de malos tratos chocan un año después de aprobarse la ley.
“No hay coordinación entre las comunidades autónomas: la orden de protección, necesaria para acceder a ayudas desde económicas a psicológicas, se deniega más en unos sitios que en otros; en el 2005 se negó al 32% de las mujeres que la pidieron en Asturias, mientras que en Navarra sólo se vetó al 11%”, explicó Compagno. En Catalunya las denegaciones alcanzaron el 24%.

EXTRANJERAS INDOCUMENTADAS
Pero las mujeres maltratadas que lo tienen peor, según Amnistía, son las inmigrantes sin papeles. “Si denuncian corren el riesgo de acabar con una orden de expulsión, en el caso de que no obtengan la orden de protección y una sentencia que condene al agresor”, subrayó la portavoz.
Amnistía advierte que la falta de centros de apoyo obliga a utilizar pensiones y hostales para albergar a mujeres en situación de emergencia y que el acceso a un abogado de oficio, previsto en la ley, es imposible en ciudades como Madrid, porque los colegios profesionales aún no han organizado el servicio. En cuanto a la justicia, la organización asegura que los jueces tienden a considerar el maltrato como una lesión aislada (el 77,4% de las 18.152 causas enjuiciadas), por lo que va a parar a juzgados de lo penal y no a los juzgados especializados.