madrid. A un año de aprobarse la ley de violencia de género, las víctimas siguen encontrando prácticamente los mismos obstáculos que antes para obtener ayuda y protección, según denuncia un informe de la sección española de Amnistía Internacional divulgado ayer.

Durante la presentación de España: más derechos, los mismos obstáculos , que analiza la puesta en marcha de la ley, el director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, criticó que su entrada en vigor “no sólo” no haya eliminado esta violencia sino que en 2006 ha habido “el mayor número de fallecidas desde 1999, en total 33 (hasta el 31 de mayo)”.

En los últimos siete años y medio han muerto por esta misma causa 457 mujeres, según los datos de Amnistía, que ha hecho este último informe con testimonios de víctimas, profesionales y organizaciones que trabajan con estas mujeres en ocho comunidades autónomas.

El objetivo del documento “es evitar que haga aguas el buque insignia de la política de derechos humanos del Gobierno, que hace aguas por todas partes”, dijo Beltrán, acompañado en el acto por la autora del informe, María Naredo, la directora de la Asociación Psico – social pro Igualdad, Marian García, y Rosa Márquez, madre de Susana Vega, una joven asesinada por su pareja hace seis meses.

Tras denunciar que la violencia de género “ha perdido el concepto de prioridad pública”, Beltrán añadió que el informe detecta 24 obstáculos “importantes” que las mujeres víctimas sufren en el día a día, alguno de ellos por “la falta de voluntad política” y otros por una “política deliberada”.

Entre los “elementos deliberados” citó la “discriminación” hacia las inmigrantes irregulares – que “no tienen derecho” a las ayudas económicas y si denuncian maltrato la Policía investiga su situación administrativa – ; y la “imposibilidad de que la víctima o su familia consiga una reparación”.

Según España: más derechos, los mismos obstáculos , a un año de aprobarse la ley (entró en vigor en enero de 2005, salvo los títulos penal y judicial, el 29 de junio), la falta de medios “sigue siendo una constante en todos los eslabones de la cadena de instancias encargadas de la asistencia, protección y justicia”.

Asimismo, dijo Naredo, a Amnistía le preocupa que con la ley de violencia de género la orden de protección se esté convirtiendo en un requisito imprescindible para acceder a los recursos básicos como las ayudas económicas o la vivienda etcétera. En 2005, 73.000 mujeres denunciaron violencia y de ellas 47.616 obtuvieron una orden de protección, “¿entonces qué ocurre con las restantes mujeres a las que se les deniega?”, se preguntó.

Por otro lado, ayer se supo que el 70% de las mujeres víctimas de maltrato cuenta hoy con asistencia letrada para denunciar – antes 8 de cada 10 iban solas – , un “giro radical” derivado de la aprobación de la ley. >efe