El Senado se ha convertido en el centro del debate sobre la crisis migratoria de Canarias con la presentación permanente por parte de la oposición de iniciativas que cuestionan la gestión del Gobierno estatal y demandan mayor información y transparencia sobre las medidas adoptadas. Además de la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio, que continúa sus trabajos con las aportaciones de responsables de instituciones y ONG, el jueves tendrá lugar el plato fuerte de esta semana con la comparecencia del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que a petición de CC va a dar cuenta ante la Cámara Alta de la gestión de su departamento.

Al debate con el ministro se suma la moción que ha presentado el PP en la reclama al Ministerio de Interior que restituya a la Guardia Civil de Canarias el mando único para la coordinación de las acciones contra la inmigración irregular. El senador Sergio Ramos, impulsor de la iniciativa, recuerda que el ministro Fernando Grande-Marlaska decidió en mayo de 2020 retirar el mando único al jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas, y lo trasladó a la península al traspasar la tarea al responsable de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, Juan Luis Pérez Martín, que desde entonces ejerce como autoridad de coordinación de la lucha contra la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Canarias.

«Cuando se produjo el cambio habían llegado a las islas 2.745 personas en patera, pero al acabar el año el resultado final fue de 23.000», expone el parlamentario del PP, «la política de seguridad del Gobierno de España ha fracasado en materia de inmigración irregular y haber retirado la coordinación a la Guardia Civil en Canarias así lo demuestra», añade. El texto de la moción señala que Canarias está siendo el epicentro de una crisis migratoria que «ha alcanzado niveles insoportables para cualquier territorio normal, máxime en territorio insular» y pide que se otorgue a la Guardia Civil de Canarias de un papel destacado para hacer frente al fenómeno migratorio.

La iniciativa, de tres puntos, insta al Estado a devolver las competencias de coordinación de los esfuerzos para hacer frente a la inmigración irregular a la Guardia Civil de Canarias, aumentar la presión diplomática, especialmente con Marruecos, y dotar de más medios materiales a la Guardia Civil y Policía Nacional, además de cumplir estrictamente la Ley de Extranjería y los protocolos de la Unión Europea para que todas las personas que hayan llegado de manera irregular a las Islas Canarias sean repatriadas a sus países de origen.

Por su parte, el también senador canario del PP Asier Antona, ha presentado una pregunta al Gobierno para su respuesta escrita sobre el grado de coordinación en el traspaso de información que existe entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra la inmigración irregular. «Hace unos días conocimos la gravísima falta de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el ministro Grande-Marlaska tendrá que dar explicaciones», señala.