El año pasado, 39.750 ciudadanos presentaron sus quejas ante el Defensor del Pueblo, según el informe que esta institución entregó ayer al presidente del Congreso, Manuel Marín. Esto significa un incremento de las protestas de un 37,1% respecto a 2004, centradas en su mayor parte en los problemas de urbanismo y vivienda.

Tras la ordenación territorial y el medio ambiente, se situaron – por ese orden numérico – las quejas relativas a la economía, impuestos, transportes y comunicaciones, cultura, medios de comunicación, sanidad, justicia y las reclamaciones relacionadas con la política de inmigración.

El Defensor del Pueblo ha anunciado la actualización de su informe sobre el «grave problema» de la violencia escolar después de detectar «determinados síntomas de agravamiento» de la situación en los centros educativos, y recomienda que se alcance un acuerdo básico en materia educativa libre de discrepancias políticas e ideológicas, con objeto de consolidar un sistema que permita una labor educativa estable.

En este punto, los ciudadanos se quejan, entre otras cosas, de la falta de plazas en las instalaciones escolares, sobre todo en núcleos urbanos de gran afluencia migratoria, y también de la concentración de alumnos de origen inmigrante.

Precisamente en el ámbito de la inmigración, el Defensor ve «urgente» que el sistema consular experimente «modificaciones sustanciales para mejorar el servicio que presta y considera que el proceso de normalización de inmigrantes debió hacerse mediante otros métodos de prueba distintos a los que se mencionan en las normas.

La institución sugiere que no se debían haber producido expulsiones durante ese periodo y alude a la necesidad de adoptar criterios homogéneos para el reagrupamiento familiar.