La llegada, repentina pero no inesperada para las instituciones y ONG vascas concernidas, de más de un centenar de migrantes malienses a Irun huyendo del irresuelto y vergonzante hacinamiento en Canarias devuelve actualidad a la crisis de los extranjeros en situación irregular que tratan de arribar a Europa en busca de una vida mejor; al tiempo que subraya la insostenible presión migratoria que soportan las islas españolas lindantes con África, la insuficiencia de los recursos disponibles y la mejorable gestión de los mismos, como acaba de denunciar ante el Congreso el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. No es fácil determinar hasta dónde ha retraído la pandemia global los viajes a la desesperada, extremando una tendencia a la baja que ya se había iniciado a raíz de las políticas migratorias más restrictivas aplicadas por los estados europeos. Pero el flujo de llegadas a Canarias lleva meses alertando de la reactivación de una problemática a la que hay tratar de dar cauces humanitarios y razonables, máxime en medio de un desafío tan estresante como el del Covid-19. Y la cooperación entre el Estado y gobiernos como el vasco, que se ofrece a acoger a migrantes de la islas, debería estar más engrasada.