Así como conocer la nacionalidad de la mayoría de los subsaharianos es el principal obstáculo ante el que se encuentran las autoridades de inmigración, averiguar la verdadera edad de los menores no acompañados que llegan a cualquiera de los centros de acogida es también una verdadera odisea.

La desnutrición y la picaresca, a partes iguales, confunden a las pruebas biométricas cuyas tablas arrojan una diferencia de hasta cuatro años por debajo de la real, lo que impide aplicar la repatriación a un menor que puede tener entre 16 y 19 años pero al que los test atribuyen 12 ó 14.

Este tipo de pruebas consiste en radiografías para determinar el diámetro de la muñeca o mediante el análisis de la dentadura del menor en acogida. Pero la ciencia ha de sortear la picaresca y los condicionantes de la desnutrición. Esta segundo factor provoca estructuras óseas inferiores a la que correspondería según la edad lo que conduce a errores.

Al igual que la picaresca. Miguel Fábrega, director del Área de Menores, conoce alguno de esos trucos que emplean los menores no acompañados al ser sometidos a las pruebas como es girar la muñeca durante el proceso de medida biométrica. Por todo ello, Fábrega solicita un cambio en los procedimientos con los que se realizan las pruebas que sirven para determinar la edad de los jóvenes inmigrantes que llegan a territorio español, ya que, según criticó, «se viene detectando desde hace tiempo una diferencia de dos o tres años entre los resultados que arrojan las pruebas biométricas que se efectúan a los menores y la realidad».

Las consecuencias de este error son la acogida a menores que por su edad real deberían ser repatriados pero que, gracias al error o a la picaresca, terminan beneficiándose de la ley de menores no acompañados. Una ley que cuesta a la Ciudad más de 8 millones de euros al año. Ante la situación, el director general del Área de Menores, Miguel Fábrega, ha vuelto a pedir al Estado, como hiciera hace poco más de un mes, la reactivación de la Instrucción 3/2003 de la Fiscalía General del Estado, entonces en manos de Jesús Cardenal, que recomendaba la devolución de los menores de edad extranjeros con 16 ó 17 años que se encuentren en España ilegalmente y en quienes no concurra la situación jurídica de desamparo.

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El final de la medida, unida a las dificultades técnicas para determinar con exactitud la edad, así como un «pequeño repunte» en la llegada de menores en las últimas semanas, apunta Fábrega, ha provocado que los tres centros de acogida – La Esperanza, Punta Blanca y Mediterráneo – estén al 98 por ciento de su capacidad. Pese a este repunte, en términos interanuales ha decrecido el número de menores acogidos, pasando de las 2.851 entradas de 2003 hasta los 105 menores de edad extranjeros que actualmente están en los centros.