Sevilla – El acto de conciliación celebrado ayer en el juzgado de Primera
Instancia número 13 de Sevilla entre la duquesa de Alba y el Sindicato de
Obreros del Campo (SOC), que supone el segundo pleito judicial en el que
se han acusado mutuamente de injurias y calumnias, finalizó sin avenencia.
   El abogado de Cayetana Fitz – James Stuart, Javier Saavedra, quien representó
a la duquesa en este acto al que no acudió la aristócrata, explicó a los
periodistas que los líderes jornaleros – Diego Cañamero, secretario general
del SOC, y Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda – no
rectificaron sus declaraciones en las que acusaron a la duquesa de
incumplir la ley laboral y pagar a los trabajadores de sus fincas por
debajo del convenio.
   Saavedra no precisó si la duquesa presentará
una querella formal contra los jornaleros y añadió que «hay que pensarlo,
aunque es mejor esperar a que se tranquilice todo un poco».
   Por
su parte, Cañamero opinó que esta denuncia presentada por la duquesa es
una «cortina de humo» para ocultar la «metedura de pata que cometió al
insultar a los jornaleros el 28 – F», Día de Andalucía.
   El SOC presentó una denuncia contra la duquesa por sus críticas a
quienes se opusieron a su nombramiento como Hija Predilecta de Andalucía,
hechos por los que el juzgado de instrucción 8 de Sevilla celebrará un
juicio de faltas después del verano. A raíz de la manifestación convocada
por el SOC el pasado 28 de febrero contra su nombramiento como Hija
Predilecta, Cayetana Fitz – James Stuart dijo presuntamente en una cadena de
televisión que «unos cuantos locos me dan igual» y que «todos los que
estaban allí son unos delincuentes».
   En su denuncia, la
duquesa de Alba exige ahora que el sindicato de jornaleros reconozca
explícitamente que «doña Cayetana no infringe la normativa laboral en
cuanto a la contratación de personal para trabajar en sus fincas y cumple
toda la normativa laboral en cuanto a convenios y salarios». Cañamero
explicó que el sindicato no tiene nada personal contra la duquesa, aunque
dijo que no permitirán que unos pocos terratenientes, «que contratan a
inmigrantes sin papeles, pagan unos diez euros e incumplen el convenio
colectivo del campo», se queden con las ayudas de la Unión Europea.