Los hijos que antes servían a los sin papeles para obtener la residencia, ahora ni siquiera evitan la ejecución de las expulsiones de sus padres. Miguel Arturo Bustos, un ecuatoriano de 20 años, padre de una niña española de año y medio, fue deportado en marzo del 2005 por no tener documentos en regla.
No cometió ningún delito, según reconoció la Delegación del Gobierno en Catalunya, pero fue deportado, sin pasaporte, después de haber estado preso en la cárcel de la Verneda, según Bustos. “Me llevaron a Ecuador sin ningún papel que me identificara. Mi hermana me tuvo que mandar dinero porque no tenía ni un céntimo para coger el autobús”, explica.
A un mes de su expulsión, el Gobierno revocó la orden. Casos como el de Bustos llevaron a la Federación de Asociaciones Latinoamericanas en Catalunya, Fasamcat, a denunciar las expulsiones “inhumanas” ante el Parlament.

Reagrupación a la inversa
La deportación de Bustos ha generado una crisis familiar. Según el afectado, la madre de la niña no se hizo cargo de ella después de su expulsión. La Generalitat ha hecho seguimiento del caso y decidió conceder la custodia de la pequeña a su tía paterna, Alexandra.
“Antes, la niña vivía con sus abuelos maternos. Ahora la tendré que mantener hasta que mi hermano llegue. Tendré que ir a limpiar casas con ella”, explica Alexandra, empleada doméstica.
“Mi hermano está desesperado porque quiere volver y atender a su hija”, afirma. El Gobierno ha respondido que Bustos no tiene prohibida la entrada a España, pero que tendrá que legalizarse.
Antes del proceso de regularización, en febrero del 2005, los inmigrantes que tenían hijos en España podían obtener la residencia por una situación excepcional: sus niños, con nacionalidad española, dependían económicamente de un ciudadano sin papeles.
Los abogados interpretan que el Gobierno se percató de que muchos latinoamericanos tenían hijos en España para luego reclamar la residencia. Por esta razón, el Real Decreto 2393 / 2004, suprimió esta excepción y endureció el reglamento de extranjería.
La Delegación del Gobierno ha dicho que solo ha expulsado a seis ciudadanos ecuatorianos el año pasado, todos por órdenes judiciales. En total, 1.212 personas fueron expulsadas del territorio nacional en el 2005.
Dulce María Anchundia, presidenta de la asociación Almen, que trabaja con inmigrantes sin papeles, denunció ante los grupos políticos del Parlament la situación de miedo que sufre el colectivo latinoamericano, “aterrorizado por el peligro constante de expulsión”. “Son muchos más expulsados de los que dice el Gobierno”, asegura Anchundia.

Podrán regresar
Welington Franco, otro ecuatoriano, también fue expulsado de España por no tener papeles. A pesar de tener una hija española de año y medio y una oferta de trabajo, fue deportado. Su madre, Mariana Ortega, asegura que fue detenido en Santa Coloma cuando “tomaba en la calle con unos amigos”. De allí se lo llevaron a la cárcel de la Verneda y luego fue expulsado sin recibir explicaciones.
Como Bustos, unas semanas después de su deportación, el Gobierno le sustituyó la sentencia que lo obligaba a salir del país por una multa de 330 euros. No obstante, Ortega ya había sido expulsado. El Gobierno afirma que ambos podrán regresar a España, pero tendrán que están obligados a regularizar su situación.
“No es lógico que echen a alguien con hijos en España y no ha cometido delitos. Pero el Gobierno ha actuado conforme a la ley. Es extraño, pero no ilegal”, asegura Claudia Carranza, miembro del Col.legi d’Advocats de Barcelona.
José Vera, presidente de la asociación de ecuatorianos en Catalunya, consideró que existe acoso de las autoridades policiales en salidas de metro, urbanizaciones de inmigrantes y discotecas. “Nos sentimos perseguidos. Y lo doloroso es que es fácil que nos diferencien por nuestros rasgos”.