Almería detecta un gran incremento de la presencia de ciudadanos procedentes de Malí y Nigeria – Llegaron desde Barcelona con 300 euros en el bolsillo y pidieron ayuda a los asistentes sociales La guerra de las comunidades autónomas a cuenta de los traslados de inmigrantes acaba de comenzar. Si la semana pasada 27 subsaharianos fueron enviados desde Almería a Cataluña con un billete sufragado por la Cruz Roja y 60 euros en el bolsillo, la comunidad catalana contraatacó despachando a la provincia andaluza otro paquete de inmigrantes irregulares.

Fuentes policiales aseguraron a este periódico que el viernes pasado llegaron a Almería dos vagones de trenes «llenos de inmigrantes subsaharianos», que hicieron el recorrido desde Barcelona hasta la provincia andaluza vía Madrid. Estas mismas fuentes aseguran que «los inmigrantes llegaron a la Estación Intermodal de la capital, cada uno de ellos con 300 euros».

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha guardado silencio sobre este asunto. Sin embargo, personas que realizan tareas de asistencia social en la provincia confirmaron que en los últimos días han atendido «a un montón de subsaharianos, de Malí sobre todo, y también de Nigeria, que habían llegado a través de tren y autobuses desde Barcelona a la provincia y que han pedido ayuda». Los asistentes sociales comentan: «Los que hemos atendido son sólo una parte de los que han llegado».

La avalancha constante de inmigrantes a la capital y provincia de Almería ha provocado que las dependencias para poder acoger a estas personas estén colapsadas y desbordadas. Al no tener capacidad para atenderlos, se tomó la decisión de enviar a los 27 subsaharianos a Cataluña, para que allí pudiesen encontrar trabajo.

En la última semana, según los datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno, han arribado a las costas almerienses casi 300 personas a bordo de varias pateras. Sin embargo, más de 100 de estos inmigrantes fueron puestos en libertad a lo largo de la semana por falta de espacio para acogerles y por la resistencia de los gendarmes marroquíes para aceptar a sus compatriotas. Unos 60 marroquíes fueron enviados en dos vuelos a la frontera con Melilla para proceder a su devolución. Sin embargo, las autoridades magrebíes admitieron el primer vuelo, pero se negaron a acoger el segundo alegando que los ciudadanos no eran marroquíes, sino argelinos. Los 30 inmigrantes se quedaron custodiados en Melilla, pero como ya habían pasado las 72 horas que marca la ley para realizar las devoluciones, hubo que ponerles en libertad.

Otros 50 argelinos fueron liberados debido a la escasez de plazas en el Centro de Internamiento de Almería. De esta manera, han quedado en libertad más de 100 de los 300 inmigrantes que llegaron la semana pasada hasta las costas almerienses en patera.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia llevan algunos meses detectando la presencia en esta provincia de un creciente número de inmigrantes procedentes de Girona. Según fuentes de los servicios de información, estos trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades se trasladan a Almería en busca de trabajo en la agricultura, ya que, al parecer, estas labores han comenzado a escasear en el campo catalán.

Juan Miralles, presidente de Almería Acoge, una de las asociaciones que mejor conoce el drama que supone la inmigración, comentó que «la principal vía de entrada a la provincia no son las pateras». «Son muchos más los inmigrantes que llegan por carretera y avión que por patera. Además la gran mayoría de los que llegan mediante esta última vía de transporte son marroquíes, y con su país existe convenio de extradición, por lo que la mayor parte de ellos son devueltos», añadió Miralles.

Los traslados de inmigrantes de una comunidad a otra no son un fenómeno nuevo. Es frecuente incluso que las ONG pregunten a los subsaharianos recién llegados desde Canarias a la Península si tienen algún familiar en alguna localidad y le sufraguen el transporte al lugar elegido. Los problemas se producen cuando los desplazamientos se realizan de forma masiva y sin avisar a las autoridades locales. Polémicos fueron los traslados de 200 inmigrantes a Lleida con billete pagado durante junio de 2004. También causó revuelo el traslado sorpresa de 98 subsaharianos desde Palos de la Frontera a Algeciras, lo que motivó una investigación del Defensor del Pueblo en marzo de 2003.