La Fiscalía Provincial de Las Palmas aclara que no señala a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia como responsable de los retrasos en las prueba de determinación de la edad de los menores no acompañados que permanecen tutelados en Gran Canaria.

Añade el Ministerio Público que son conscientes de la situación de saturación en la que se encuentran todos los organismos implicados por esta oleada de llegada de inmigrantes a las islas y aboga por reforzar los medios personales destinados a atender a estas personas pero sin apuntar a nadie como responsable directo de los retrasos en la determinación de la edad.

Por último, deja constancia de que los posibles refuerzos en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, evidentemente no corresponden a una decisión de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

Como se ha publicado, la falta de forenses ralentiza las pruebas médicas para concretar la edad de quienes dicen ser menores y están tutelados por el Gobierno canario.