Canarias está viviendo de nuevo la llegada masiva de pateras con inmigrantes irregulares. Este fenómeno no es nuevo. Lo que sí es novedoso es que el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, no ponga las medidas necesarias para combatir este fenómeno.

Hemos pasado de la vergüenza del muelle de Arguineguín, con centenares de personas hacinadas durante días, a la vergüenza de los campamentos habilitados en esta Las Palmas de Gran Canaria para darles un techo. En concreto, en Barranco Seco -donde están instalando nuevas carpas estos días, en el colegio León de El Lasso, el Acuartelamiento Canarias 50 de La Isleta y el edificio cedido por Bankia en El Sebadal. Estos espacios podrían llegar a albergar hasta a 4.000 personas, o más incluso si se desborda la capacidad de estos centros, que sustituyen a los nueve hoteles en el sur de Gran Canaria donde venían siendo alojados.

Deberíamos conocer con transparencia qué organizaciones no gubernamentales (ONG) o empresas están haciéndose cargo de la gestión y cuidado tanto de los menores no acompañados como del resto de migrantes, el coste del alquiler de los edificios dónde están ubicados, cuánto se paga por cada menor o qué fondos económicos ha transferido el Gobierno de España a través del Ministerio de Migraciones para costear a estas miles de personas ubicadas en Canarias.

A todo esto, debemos añadir que el Gobierno de Canarias tiene paralizado el programa de acogimiento familiar para menores, cuestión que no se entiende porque muchas familias podrían estar dispuestas a acoger a los inmigrantes más pequeños que vienen solos o que bien han perdido a su padre o madre durante la travesía.

Es evidente, que España tiene un problema diplomático con Marruecos, y nuestro país ha aceptado de facto que solo pueden repatriarse a la semana a 80 inmigrantes hacia el reino alauí, 20 en cuatro vuelos de la línea aérea oficial, Air Maroc, muchos menos de los que siguen entrando, por lo que el problema se cronificará durante meses si no durante años.

La presión migratoria solo la recibe esta capital, cuyo alcalde Augusto Hidalgo (PSOE) y sus socios (Podemos y Nueva Canarias) han permitido e incluso alentando que nos convirtamos en la cárcel de Europa. Esta situación está generando la preocupación de los vecinos, con sucesos que han alcanzado una gran relevancia pública en unas pocas semanas, como una agresión con arma blanca en la Avenida de Escaleritas, una cuchillada a un joven en la Plaza de la Música durante una reyerta, peleas en Las Canteras y en la calle Doctor Miguel Rosas, una agresión sexual en Mesa y López por un joven que ya fue detenido, un delito de violación en Las Tenerías de La Vega de San José, un apuñalamiento en Las Rehoyas, peleas y palizas en Zárate o en El Lasso, donde un colegio se ha convertido en un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). A esto tenemos que añadir que algunos magrebíes ocuparon locales municipales, como La Madrileña en Triana o un local de la Playa de las Alcaravaneras desalojados tras las denuncias públicas del Partido Popular.

Estamos en una situación límite. El gobierno de Pedro Sánchez no realiza las deportaciones por la vía de urgencia como en anteriores crisis migratorias, parece ser que escudándose en la pandemia, a pesar de que todos los días se realizan viajes nacionales e internacionales con pasajeros que deben llevar un certificado de PCR negativo que acredite que no están contagiados. Los pasajeros pueden volar pero sin embargo a estos inmigrantes con billetes de avión, pasaporte y con pruebas PCR negativas se les retiene horas en el aeropuerto para que pierdan el vuelo, circunstancia que ha sido denunciada por CEAR y el Defensor del Pueblo, que ya han pedido al Ministerio del Interior que permita la libre circulación a los solicitantes de asilo en Canarias.

Gran Canaria se está convirtiendo en un muro de contención con 7.000 plazas estables de alojamiento para inmigrantes, según el inistro Escrivá, aunque todos sabemos que este número podría incrementarse más, cifra nunca antes conocida en nuestro Archipiélago. Sin derivaciones al continente europeo y sin deportaciones urgentes esto no va a remitir. Tenemos un caldo de cultivo perfecto y si no se corta de raíz podremos lamentar, Dios no lo quiera, alguna desgracia producida por el hartazgo y tensión de quienes aquí vivimos y de quienes siendo extranjeros no quieren quedarse en las Islas sino seguir su camino.

Ante este panorama, el sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, manifestó que Canarias podría derivar en un «polvorín social» parecido al que se vive en las islas griegas de Lesbos, Quíos y Samos, todo producto de la dejación de funciones que practica el Gobierno de España.

Los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil no son suficientes para garantizar la seguridad de personas y bienes. A lo que se une que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía de Las Palmas de Gran Canaria «es claramente insuficiente para afrontar los problemas que se derivan de la llegada masiva de inmigración irregular a la isla de Gran Canaria», según palabras textuales del sindicato policial.

En octubre de 2019 ya era evidente que la ruta de Canarias se había reactivado, tras actuaciones estelares del PSOE y sus socios, que recordemos fueron a recibir con boato y fanfarria al barco ‘Acuarius’ cargado de inmigrantes, lanzando un claro mensaje a las mafias que supieron reconducir sus rutas hacia nuestro territorio.

En agosto de 2006, en plena ‘crisis de los cayucos’ los dos centros de internamiento en Gran Canaria disponían de 153 inmigrantes en Barranco Seco y unos 1.196 en el centro provisional instalado en la Isleta. Las comparaciones son odiosas, pero esta ciudad ha pasado de 1.349 plazas el año que más plazas ha habido habilitadas a más de 4.000.

Quizás entonces la clave estuvo en un Delegado del Gobierno que supo plantarse ante Madrid para hacerles ver la gravedad de esta inmigración irregular, frente a un Delegado hoy que obedece al Gobierno Central y al que le cuesta dar la cara y publicar los datos reales, algo que solo hizo después de exigírselo el presidente del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, sería bueno que con total transparencia se publicara la nacionalidad de los extranjeros que han delinquido en estos meses y conocer si el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son suficientes para garantizar la seguridad ante esta crisis migratoria, como denuncian las secciones sindicales policiales.

«La emigración debe ser una opción, no una obligación de supervivencia, y debemos apoyar a los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y cooperar en su desarrollo económico», tal y como dijo nuestro expresidente nacional del Partido Popular Mariano Rajoy. Quizás lo que falta es un Presidente de España que proponga una reunión en el seno de la Unión Europea que discuta y apruebe un nuevo pacto por la migración y asilo con medidas efectivas, ficha financiera y donde se defienda la ultraperificidad de Canarias como un territorio que no puede aguantar sine die la acogida masiva de inmigrantes.

El Gobierno de Canarias también debe subir el tono y exigir soluciones a un problema que amenaza con estallar si se sigue ocultando a nivel nacional la gravedad de este fenómeno y ante un alcalde escondido que piensa que son dos desalmados los que han ocasionados las reyertas, las peleas, los ruidos y los robos. El Sr. Hidalgo sigue en su mundo y no habla con los vecinos, no visita El Lasso, Las Rehoyas o La Isleta.

Un alcalde ausente abonado a la teoría de los hechos aislados, sin reconocer la injusticia que supone para Las Palmas de Gran Canaria soportar en solitario este altísimo número de inmigrantes. Sin rechistar si quiera porque Las Palmas de Gran Canaria está siendo maltratada como nunca antes por el Estado. Por todo esto nos tememos que tendrán que ser los ciudadanos los que se muevan y denuncien la urgencia para solucionar lo antes posible esta nueva crisis migratoria y las consecuencias que para nuestro municipio está representando.