La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha llamado al Gobierno central a realizar cambios en su «desacertada» política migratoria que impide los traslados a la península, con el objetivo de evitar un «estallido social irreversible» en Canarias.

La directora de la entidad, Estrella Galán, indicó ayer que la situación actual está convirtiendo el archipiélago en un «territorio caliente» donde «el conflicto está servido» entre su población. Es por eso que Galán quiere que el Ejecutivo «reactive» los traslados de solicitantes de asilo a la Península de forma «ágil, inmediata y periódica» e «independientemente del origen de la persona», pues, explica, les consta que hay dificultades para que «ciertas nacionalidades» puedan acceder a territorio peninsular.

Denuncia que muchos de estos traslados se realizan únicamente «a golpe de denuncia» o después de la intervención del Defensor del Pueblo. Esta situación, señala la directora de CEAR, «evidencia el incumplimiento» que el Gobierno está haciendo de la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce «la libre circulación» de las personas solicitantes de protección internacional por todo el país. «Desobedecer la ley es algo inadmisible en un Estado de derecho en estos momentos», criticó Galán.

En respuesta a un abogado canario que presentó una queja ante el Defensor del Pueblo cuando se impidió a un solicitante de asilo viajar desde Gran Canaria a la península, la institución ha dirigido un escrito a la Dirección General de la Policía con un «recordatorio» de este derecho de libre circulación de las personas que han tramitado esta petición.

En concreto, el Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, señala a Interior el deber legal «de impedir cualquier limitación de los derechos fundamentales a la libre circulación y residencia de los solicitantes de protección internacional que deseen trasladarse desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o desde la comunidad autónoma canaria a la península».

Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Felipe González Morales, ha pedido que «se investiguen a fondo» los intentos de agresión que han sufrido varias personas llegadas en patera a Canarias y que se evite que la situación vaya a peor.

«Muy importante que se investiguen a fondo intentos de agresión a migrantes en Gran Canaria y se prevenga un escalamiento de esta situación», ha escrito el González Morales, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile, en su cuenta de Twitter.

El relator de la ONU publicó este mensaje junto con un enlace a la noticia de que la Fiscalía de Las Palmas ha ordenado investigar a varias personas que intentaron organizar grupos para agredir o amedrentar los inmigrantes alojados en recursos humanitarios de Gran Canaria.

Por su parte, la directora adjunta de Human Rights Watch (HRW) para Europa, Judith Sunderland, también ha reaccionado a través de la misma red social a las agresiones y las manifestaciones contra los inmigrantes en algunos barrios de Gran Canaria. «Nunca hay excusa para la xenofobia, pero hay una explicación para el aparente aumento del sentimiento antiinmigrante en las Islas Canarias: la incapacidad del Gobierno para gestionar humana y racionalmente el aumento de las llegadas».