El proceso actual de traspaso de competencias del Estado en el marco
actual de las reformas de los estatutos de autonomía tiene un reflejo en
la inmigración y en muchas otras facetas públicas. España es un estado
pluriadministrativo, existen distintos niveles de administración, todos
ellos necesarios y útiles. Quizá el problema esté en decidir a la hora de
coordinar su actividad cuál es el grado que corresponde a cada una. Lo
cierto es que si nos fijamos en otros caminos que están llevando a cabo
otros estados que están pasando por una circunstancia parecida, el camino
que se está recorriendo es justo el inverso. En el caso de Alemania lo que
se está procurando es que el Estado retome una serie de competencias que
antes estaban en manos de las instancias regionales, porque solamente a
través del fortalecimiento del Estado se puede hacer frente a una serie de
políticas que en muchos casos no es el Estado quien decide, sino que
impone la comunidad europea. En este sentido hay que decir que el España
tiene como uno de los grandes retos la integración de esas personas en la
estructura social a la que llegan.
   No se trata sólo de procurarles
un puesto de trabajo, sino de conseguir que esas personas se sientan
españolas. En primer lugar, porque la inmigración no es fenómeno de una
sola generación. La causa que la motiva en los países de origen no se
corrige sino a lo largo de muchísimos años. Con lo cual lo que hay aquí es
una sucesión de generaciones que terminan por incorporarse en el tejido
social. Es importante la distribución territorial del inmigrante. He leído
algunas barbaridades como la posibilidad de que algunas comunidades puedan
fijar cupos y por tanto a partir de ahí el inmigrante que quiera trabajar
tiene que irse a otro sitio. Creo que hay un valor sagrado que nuestra
Constitución defiende, que es la libertad. Al Estado se le debe permitir
establecer aquella política que evite comportamientos discriminatorios. El
artículo 14 de la Carta Magna, que habla del derecho a la no
discriminación, no alude a los ciudadanos del Estado sino a cualquier
persona. El hecho de tener una nacionalidad u otra no puede ser motivo de
discriminación.