Juan, vamos a llamarle Juan. Juan llegó hace dos años a la isla huyendo de su país, allí lo querían matar. De dos atentados sobrevivió, pero tuvo que ver morir a uno de sus hijos, de 15 años. Lo asesinaron. En Gran Canaria se puso a trabajar de lo que iba encontrando mientras ahorraba para traerse al resto de su familia. Lo consiguió en las navidades de 2019, pero en 2020, ese maldito, tortuoso, deleznable y aborrecible 2020, el sueño español se tornó en pesadilla y las desgracias reaparecieron.

Se quedó sin casa, en su empleo, donde trabajaba 10 horas diarias con un contrato de media jornada (el típico empresario racista en contra de los inmigrantes salvo que pueda explotarlos), terminó cogiéndose la baja después de dos accidentes laborales y varias humillaciones públicas. Al final, su viejo y destartalado Clio sirvió de techo para resguardarse él, su mujer y sus dos pequeñas mellizas Ana y Sara, por ejemplo, que no tienen queja por nada y cada vez que les dan algo de ropa o comida lo agradecen con una sonrisa de las que rompen el corazón.

Juan se debate en una decisión que le atormenta más que el hambre: separarse de sus pequeñas, por las que se desvive con los escasos recursos que tiene, para que puedan tener una vida mejor. Ellas no quieren ni oír hablar del tema. Por ello hasta ahora había estado oculto del sistema. Pero, como digo, hasta ahora. La trabajadora social y una responsable del ayuntamiento se enteran y van a verle. ¿La solución?, que se vuelvan a su país. Aquí no tienen derecho a una vivienda porque Canarias pide siete años de residencia. Pero en su país a Juan lo quieren matar. Y Ana y Sara merecen algo más. Más que una caseta de campaña para soportar el invierno. Las instituciones lo saben y si no hacen algo ya, el fracaso quedará en su conciencia. Para siempre.