Anselmo Pestana indicó ayer tras la reunión con las alcaldesas del sur de Gran Canaria que cada semana salen de Canarias cuatro vuelos con 20 personas con destino a Marruecos. «Estamos», dijo, «en un momento distinto, alejándonos de las horas más duras vividas en 2020 sobre el fenómeno migratorio» en referencia a las soluciones que se están poniendo en marcha para aliviar la presión que sufre el archipiélago, sobre todo en la acogida de inmigrantes.

En este sentido, destacó el delegado del Gobierno que frente a los primeros meses de la pandemia del coronavirus, en los que no se podía expulsar a los inmigrantes no acogidos a protección internacional porque estaban las fronteras cerradas, ahora las repatriaciones «se han retomado con todas las garantías» y aplicando la política migratoria «que es cumplir la ley y quien no tiene condiciones para recibir asilo o de vulnerabilidad, deben ser expulsados».

Entiende además que de esta manera, y de cara al futuro, «bajará la presión porque las personas que quieran venir en patera detectarán que Canarias no es un puente hacia la Unión Europea».

Como muestra de esta política de reactivación de los retornos, el Ministerio del Interior ha convocado un concurso con las aerolíneas para los vuelos de deportación de extranjeros por valor de casi 11 millones de euros.

También señaló ayer Pestana que «se está en otro momento» respecto a los recursos para atender a las personas que llegan de manera irregular por vía marítima a las islas. Los espacios que pretende poner en marcha el Estado se van abriendo «poco a poco» y van a permitir la «desescalada» en la utilización de los hoteles de la zona turística.

Subrayó el delegado que, después de que el pasado sábado entrara en funcionamiento el campamento instalado en el Canarias 50 de La Isleta, «en breve» seguirán otros, aunque eludió ofrecer fechas sobre la apertura de los recursos pendientes.

Estos espacios que forman parte del Plan Canarias diseñado por el Estado y que prevé 7.000 plazas, sobre todo en instalaciones militares permitirán desalojar a los 5.000 inmigrantes que aún quedan en establecimientos turísticos (2.600 en San Bartolomé y 2.402 en Mogán). Este último municipio ya ha iniciado los expedientes de sanción para estos hoteles por considerar que contravienen la Ley del Suelo.