El Ejército y la Policía de Guatemala decidieron frenar la Caravana Migrante lanzando gases lacrimógenos y golpeando con palos a las personas que dejaron Honduras en busca de un futuro mejor en EEUU. Nuevamente, al igual que sucedió con otra Caravana en octubre del pasado año, las fuerzas de seguridad guatemaltecas se emplearon a fondo para impedir que los migrantes avanzaran hacia Tecún Umán para cruzar el Río Suchiate que separa Guatemala y México.

Momentos antes de reprimir con fuerza a la Caravana, un trabajador de Migración trataba de convencer en vano y con un pequeño altavoz a las 6.000 personas que querían seguir su travesía a que regresaran a la frontera para entrar de manera regular en Guatemala: “Tienen que hacer el chequeo migratorio y eso es lo que no hicieron ustedes”, les gritó, al tiempo que les recordó que los requisitos para ingresar al país son mostrar su pasaporte y una prueba negativa de PCR o antígeno de coronavirus.

“Estaba cerrado y no nos dejaron pasar”, le contestó un migrante, quien indicó que “ahora no nos vamos a regresar a la frontera”, al tiempo que mostró al trabajador de Migración un papel con el resultado negativo de su prueba de Covid. “Vamos para adelante”, gritaron varios migrantes, que recordaron que “hay niños y no tenemos ni para comer”.

Tras la negativa a dar marcha atrás a la travesía, un grupo de migrantes decidió continuar su caminata, pese al cordón policial y militar que se vio totalmente rebasado. En ese momento, cientos de soldados y policías trataron de empujar sin éxito a los migrantes y comenzaron a golpearlos con sus porras hiriendo a varios de ellos en la cabeza. Asimismo, algunas personas lanzaron piedras a los soldados y policías, quienes a su vez tiraron gases lacrimógenos y llegaron a rodear a algún migrante a quien golpearon, tiraron al suelo e incluso patearon. Todo ello sucedió en el kilómetro 177 de Vado Hondo, en Chiquimula, al oriente del país, que es el mismo punto en el que la Caravana había intentado sin éxito la noche anterior atravesar la barrera militar y policial colocada en el marco del Estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala en siete departamentos durante 15 días para impedir el avance del éxodo humano.

Minutos después, el Director General de Migración, Guillermo Díaz, justificó la acción militar y policial contra la Caravana que ingresó a Guatemala el 15 de enero y dijo que “era de esperarse”, debido a que “teníamos inteligencia dentro del grupo que nos informó anoche que habían infiltrado en esta gran Caravana elementos de las maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado y esto ya nos preocupó más”.

“Afortunadamente, las fuerzas del orden montaron el plan de contingencia en estos casos y pudieron controlar esto que fue una batalla campal y a las 8 de la mañana se violentó todo, lo que nos pone en una situación muy complicada porque las fuerzas de seguridad están precisamente para resguardar el orden”, recalcó.

En este sentido, el Instituto Guatemalteco de Migración acusó a los migrantes de haber utilizado la fuerza para intentar “romper el cordón de seguridad sin haberlo logrado” y detalló que “se reportan personas heridas entre migrantes, personal del Ejército y de migración”. Asimismo, destacó que Migración busca “cumplir con las leyes migratorias vigentes, respetando los derechos humanos de los migrantes”, si bien el propio Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha mostrado su “alarma y preocupación” ante el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía contra la Caravana y ha recordado que las personas migrantes “no pueden ser sometidas a tratos crueles e inhumanos en territorio guatemalteco”.

“LA INTENCIÓN NO FUE AGREDIRLOS”

Tras la represión del Ejército y la Policía a la Caravana, un agente policial se dirigió a un migrante que había sido golpeado en la cabeza y que estaba sentado en el suelo para decirle que “la verdad es que la intención no fue agredirlos”. A su vez, una enfermera que le estaba curando la herida y que informó que había otras siete personas con “la cabeza abierta”, explicó que uno de los grupos de migrantes que “estaba al otro lado empezó a agredir y no tenía que haber agredido, porque entre ustedes hay personas pasivas y personas que son violentas”.

Mientras, en otro punto, un agente de Policía dialogaba con varios migrantes, a quienes quiso dejar claro que “nosotros no les estamos tildando como delincuentes”, pero como funcionarios públicos les tenemos que hacer ver que algunos cometieron ilegalidades" al ingresar al país sin cumplir los requisitos migratorios. Así, les recordó que “nuestra obligación es tratar de controlar esos grupos que ingresan ilegalmente a Guatemala y quiero que comprendan que no estamos para hacerles daño”.

Por su parte, uno de los migrantes incidió en que “no estamos agrediendo a nadie, porque venimos escapando de un país violento y no queremos ver sangre”. De este modo, dijo que solo pretenden que “nos den el paso” por Guatemala para cruzar a México y continuar su travesía hacia EEUU. Sin embargo, aunque los migrantes pudieran pasar el Río Suchiate hacia México, como sucedió en la Caravana de enero de 2020, la Policía y la Guardia Nacional les estará esperando al otro lado de la orilla con un gran despliegue de miles de agentes que patrullan las 24 horas del día.

De momento, continúa en Guatemala un grupo de 6.000 migrantes varados en medio de la carretera en Vado Hondo, en Chiquimula, mientras que entre el 14 y el 17 de enero ya se han retornado a Honduras a 1.383 personas (192 menores de 18 años) que también conformaban la Caravana, según ha informado el Instituto Guatemalteco de Migración, que ha indicado que está a la espera de información sobre la localización de grupos minoritarios que lograron continuar su recorrido hacia México.

El objetivo de la Caravana era llegar a EEUU coincidiendo con el nuevo Gobierno de Joe Biden, que ya ha anunciado cambios en la política migratoria en relación a la administración de Donald Trump. Así, según han publicado medios estadounidenses, tiene intención de solicitar durante sus primeros días de mandato al Congreso una reforma migratoria que ofrezca estatus legal a 11 millones de personas migrantes que viven sin permiso en ese país.