Según la organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que apoya legalmente la demanda, la justificación de la seguridad pública presentada por los impulsores de la ley “es falsa y se utilizaba principalmente para ocultar su intención discriminatoria”.

Una vez expuestos los argumentos finales, la jueza, que ya había fallado de forma preliminar que es “inconstitucional” el transporte entre estados de inmigrantes por parte de policías, emitirá su decisión final.

Basado en cifras oficiales, Lichtman expuso que “al tiempo que la inmigración indocumentada en Florida se dispara, la tasa de criminalidad está cayendo rápida y significativamente”.

Agregó que por el contrario, “en lugar de aumentar la delincuencia, tenía un efecto negativo en las tasas de criminalidad”.

La ley, la SB-168 de Florida, estado con más de un 20 % de inmigrantes, fue aprobada por el Legislativo estatal, de mayoría republicana, y sancionada por DeSantis, aliado político del presidente Donald Trump y alineado con sus políticas antiinmigrantes.

Según el SPLC, la SB-168 ha impactado a las comunidades de Florida al dañar activamente a las familias objeto de detención o deportación y erosionar la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden, subrayó el SPLC.

“La ley, parte de la cual se basa en bases de datos defectuosas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), a menudo ha resultado en la detención de ciudadanos estadounidenses”, agregó.

La medida exige que todas las agencias estatales, Gobiernos municipales y Departamentos de Policía cumplan no solo con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como ICE para detener y deportar a los inmigrantes.

Entre las organizaciones que demandaron están también la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), WeCount!, Americans for Immigrant Justice, Hope Community Center y The Guatemalan-Maya Center, entre otros.