La pandemia, en pleno rebrote de la segunda ola o ya para muchos expertos metida de lleno en un tercer embate, sigue dejando daños por el camino. En el aspecto económico, la crisis derivada del confinamiento se ha traducido en un incremento de la pobreza en Gipuzkoa, como refleja el 6% de incremento de la demanda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el principal subsidio en Euskadi.

Los últimos datos publicados por Lanbide ponen cierre a la estadística de 2020. Y lo hacen de forma negativa, aunque sin sorpresa. La crisis derivada del confinamiento de marzo deja todavía una hilera de damnificados. En concreto, 790 personas residentes en Gipuzkoa –se exigen tres años mínimo de empadronamiento para poder optar a esta prestación social–, que han engordado las listas de Lanbide desde marzo. Entonces, las oficinas del servicio público de empleo donde se gestionan los expedientes de la RGI registraron 12.467 prestaciones en Gipuzkoa, mientras que en diciembre fueron 13.257, un alza del 6%. La consejera Beatriz Artolazabal, entonces responsable del área de Empleo –ahora en manos de Idoia Mendia– ya admitió al principio de la pandemia que uno de los impactos previstos, aunque no deseados, era el incremento de demanda de la renta de garantía de ingresos, como ya ocurrió con la crisis económica de 2008. El efecto no se esperaba tan virulento y así se ha comprobado.

El aumento de la demanda de esta prestación, que supone unos ingresos mensuales de alrededor de 700 euros para una sola persona, está siendo más leve, pero no termina de ceder. Eso sí, el máximo alcanzado este pasado mes de diciembre no llega ni de lejos al récord de demanda con 15.500 beneficiarios en Gipuzkoa.

Lanbide registró en diciembre 13.257 perceptores, 790 más que antes del confinamiento del pasado mes de marzo

La cifra está todavía lejos del máximo marcado en 2014, con 15.500 familias beneficiadas de la principal ayuda social

Desde ese máximo, y con la recuperación económica en marcha, en todo 2019 la demanda confirmó su descenso. Hasta que el estado de alarma interrumpió esa evolución y cambió la curva. El incremento ha afectado especialmente al colectivo de personas extranjeras, que aumenta un 10%. En marzo de 2020, un total de 3.739 personas inmigrantes cobraban la RGI, mientras que ahora son 4.122.

El colectivo de pensionistas, en cambio, se reduce, al pasar de los 3.715 perceptores a los 3.623 de diciembre. El descenso, como ya ocurrió con la caída general del número de pensionistas registrados en la Seguridad Social, puede relacionarse con las causas del Covid-19, que deja un incremento de mortalidad y mayor letalidad entre las personas mayores.

Pendientes de la reforma
También resulta novedoso el descenso del número de trabajadores pobres, un colectivo que supone un 20% del total de perceptores de la RGI y cuyo volumen se mantenía en ascenso, ligado a la precariedad laboral que lleva a personas con trabajadores parciales y sueldos bajos a tener que pedir la ayuda social para completar sus ingresos y evitar una situación de pobreza.

La crisis económica y abrupta por el cierre del país en estado de alarma se refleja en un descenso de estos beneficiarios que, al perder el trabajo, también desaparecen del epígrafe correspondiente y han podido pasar a ser beneficiarios del total de la RGI y no solo de una cuantía complementaria al salario.

La estadística, en cualquier caso, sigue mostrando una bolsa de miles de personas que necesitan los ingresos de la RGI para llegar a fin de mes y esquivar la pobreza o al menos no agravarla aún más. El sistema afronta el año pendiente de la reforma de la ley de garantía de ingresos, un proyecto que el Gobierno Vasco, con mayoría absoluta de PNV y PSE, han retomado.