El último Consejo de Ministros ha conocido el proyecto del llamado Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2006 – 2009, un paquete de medidas destinadas a conseguir la cohesión social entre los inmigrantes y la sociedad española de acogida. De esta iniciativa gubernamental articulada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destacan positivamente que llegue acompañada de presupuesto específico, 2.000 millones de euros, que esté dirigida al conjunto de la sociedad, no sólo a los inmigrantes, y que pueda servir de acicate para que todas las administraciones multipliquen sus políticas en esta área. Desde hace tiempo se hacía esperar un programa de esta naturaleza lanzado desde los poderes públicos, ya que la mayoría de los ciudadanos percibe el fenómeno migratorio como una novedad o incertidumbre en su convivencia, más que una cuestión de control de fronteras. El plan, cuya aprobación no debería demorarse, cubre así un vacío que se apreciaba en el Gobierno, en comunidades autónomas y en ayuntamientos sobre el modo de incardinar a los inmigrantes, de orientar a los naturales españoles ante sus nuevos vecinos y de aplicar recursos económicos en según qué sectores.

El vidrioso debate, y no sólo ideológico, sobre si la política ante los inmigrantes deben presidirla criterios de multiculturalidad o de integracionismo, está bien resuelto en el plan, al menos teóricamente, pues no aparece ni una sola mención al multiculturalismo y sí a la cohesión y la integración. Es evidente que su mera formulación no garantiza el éxito de sus objetivos, algunos aparentemente pretenciosos como el de conseguir el «sentimiento de pertenencia», ni siquiera por la diversidad de instituciones que han participado en su elaboración. Tampoco se trata de una ley de obligado cumplimiento, sino de un programa de actuaciones, un marco de cooperación de iniciativas de las administraciones públicas y la sociedad civil. Habrá que confiar en que esos 2.000 millones aportados por cinco ministerios sean estímulo suficiente para la implicación, con nuevas aportaciones, del resto de poderes públicos en lo que sin duda es una inversión en convivencia futura y en cohesión social.