RIVAS – VACIAMADRID. – Concluyó ayer en Rivas – Vaciamadrid el II Foro Social Mundial de las Migraciones con dos peticiones muy claras a los gobiernos del llamado Primer Mundo. Por un lado, que se amplíe la denominación de «refugiado», y su consideración jurídica, a casos de emigración provocada por fenómenos muy característicos de los últimos años, como la destrucción y el agotamiento del hábitat de origen o la violencia contra las mujeres. Por otro, que cese el endurecimiento de las políticas destinadas a «perseguir y expulsar» a los inmigrantes que llegan a los países desarrollados.

La presidenta del Foro Social de Africa de 2006 y ex ministra de Cultura de Malí, Aminata Traore, interpeló a los miembros de la UE para que dejen de exigir a los gobiernos africanos políticas favorables a sus intereses. Entre éstas se enmarca la «externalización de las fronteras» que consiste en incentivar mediante ayudas económicas a los países de origen para que impidan la salida al exterior de su población, lo que contraviene el artículo 13 de la Carta de Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar al mismo».

Aminata Traore se declaró «anonadada por la mala voluntad política de Europa» y su incapacidad para situar como causa de la emigración la «destrucción del tejido social» de origen que llevan a cabo agentes económicos de los países desarrollados. La ex ministra de Mali declaró que «Europa debe ver que quienes llegan a Ceuta y Melilla dejan atrás un tejido social totalmente destruido», en gran parte por la injerencia económica del Primer Mundo. «Lo que los invasores africanos necesitan es justicia», concluyó.

Para Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), esta falta de justicia es sólo una muestra más del «fracaso de un modelo impuesto durante los últimos 30 años a los países pobres» y que es totalmente ajeno a las sociedades a las que llega.

Como primer paso para la superación de este naufragio, el secretario general de CEAR, Enrique Santiago, reivindicó que los países desarrollados se adhieran a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.