La inmigración ilegal, uno los principales problemas que ha de afrontar nuestro país, no puede combatirse con medidas que vulneren los más básicos principios humanitarios. Es lo que está sucediendo – como denuncia hoy EL MUNDO – en el centro de internamiento de inmigrantes de Las Raíces en Tenerife. Más de 1.000 subsaharianos se hacinan en sus instalaciones, que no cuentan siquiera con servicios tan elementales como luz o agua corriente. Aunque se anunció que la acogida de personas en estas dependencias era provisional, el tiempo ha ido transcurriendo, mientras crecía el número de refugiados. Y no es ésta una situación aislada, como señaló el fiscal general del Estado al admitir que en Canarias hay «un problema de saturación» en los centros para menores. Cierto es que ni a éste ni a ningún otro Gobierno se le puede hacer responsable de todo lo que acarrea el fenómeno migratorio. Sin embargo, Zapatero reconocía ayer la insuficiencia de las medidas adoptadas en Canarias. Y aunque el Gobierno ha intentado resolver el problema mediante convenios de cooperación con varios países centroafricanos, es muy dudoso que ello contribuya a disuadir a quienes huyen de extremadas situaciones de pobreza. El Gobierno debe hacer todo lo posible para garantizar unas condiciones mínimas a los inmigrantes y para repatriarles sin menoscabo de su dignidad. Es difícil pero no imposible.