La Confederación Española de Policía (CEP) es el segundo sindicato en número de afiliados y el más combativo a la hora de denunciar las deficiencias de la política de Extranjería. Su secretario general, Ignacio López, de 29 años, hace un repaso por los efectos más polémicos de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno.

Pregunta. – El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se jactaba de que en Canarias sobraban plazas en los centros de internamiento.

Respuesta. – Si la acogida de inmigrantes se basa en la capacidad para poner tiendas de campaña, claro que sobran. Los centros de internamiento en Canarias están hipersaturados. Me gustaría que las ONG que tanto critican las medidas policiales verificaran las condiciones de salubridad de Las Raíces. El Gobierno está creando campos de refugiados.

P. – ¿Qué efectos ha tenido el proceso de regularización llevado a cabo por el Ejecutivo el año pasado?

R. – El tiempo nos ha dado la razón. El Gobierno no sólo no ha conseguido los objetivos propuestos, sino que la bolsa de irregulares ha sido suplantada por otra superior de un millón de sin papeles.

P. – ¿Cómo valora la política de Extranjería que lleva a cabo el Ejecutivo?

R. – El efecto llamada o el efecto Caldera pervive y trae como consecuencia lo que está ocurriendo con la avalancha de cayucos en Canarias, las pateras en las costas andaluzas y el boquete de La Junquera. El sindicato CEP no era alarmista con sus previsiones y el ministro Caldera ha demostrado una ceguera importante. Parte de la responsibilidad del drama humano de los inmigrantes la tienen las políticas irresponsables del Gobierno.

P. – ¿Qué consecuencias ha tenido el traslado de las competencias de Extranjería desde Interior a Trabajo?

R. – Existe una descoordinación ministerial elevada. Se han tomado con ligereza medidas administrativas graves como la cancelación, durante el proceso de regularización, de 89.000 expedientes de expulsión que había elaborado la Policía.

P. – Interior tiene graves problemas para expulsar a los inmigrantes a sus países.

R. – Las repatriaciones son una chapuza tras otra, fruto de una total improvisación. Casi todas las semanas hay un servicio de expulsión frustrado. El fin de semana pasado se desplazó con urgencia a Canarias una unidad policial desde Asturias y, cuando llegaron a las islas, se tuvieron que volver porque Senegal se negó a aceptar a sus ciudadanos.

P. – ¿Qué está pasando en La Junquera (Girona) donde se pone en duda la legalidad de las devoluciones de inmigrantes que practica la Policía?

R. – No podemos trasladar a las mafias que hay vulnerabilidad en el sistema fronterizo. La norma establece que debe haber asistencia letrada en el caso de las devoluciones. Sin embargo, las readmisiones que se producen en los Pirineos se rigen por un acuerdo bilateral que no decreta la necesidad de contar con un abogado. La frontera de los Pirineos es un punto de entrada de irregulares que estamos obligados a controlar.

P. – ¿Cuenta la Policía con los medios suficientes para perseguir a las mafias?

R. – Lo primero que necesitamos es la colaboración institucional. Los ayuntamientos están incumpliendo la Ley de Extranjería y se niegan a facilitarnos los datos del padrón. No podemos expulsar a los inmigrantes ilegales porque están, en teoría, indocumentados, pero sabemos que las fotocopias de sus pasaportes las tienen los ayuntamientos.