Cuando un menor de edad inmigrante llega a España, puede ser acogido por la administración y ser tutelado hasta cumplir los 18 años. A partir de ese momento, el Estado espera de él que trabaje, solo que trabaje, sin posibilidad real de estudiar. Pero para poder trabajar se le solicitan unos requisitos difíciles de cumplir incluso para cualquier chaval español: tiene que tener un contrato de trabajo con una solicitud presentada por el empleador, y un salario equivalente a al menos al salario mínimo interprofesional, con jornada completa y con una duración continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.