El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, apenas quiso hablar ayer del riesgo que corren los propietarios de los establecimientos turísticos que formalizaron con el Ministerio de Migraciones el alojamiento de personas inmigrantes a ser sancionados por ello. «Eso es una nimiedad», dijo; «nos han metido en una discusión que nos llevan a engaño porque la auténtica vergüenza es que el Gobierno de España, el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (Cs) quieren dejar sola a Canarias con el problema de la inmigración».

Mañaricua dijo que la FEHT no ha preparado ninguna estrategia para amparar a esos propietarios a los que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha amenazado con sancionarles si el 1 de enero mantienen el alojamiento de personas que no están consideradas como turistas, según un informe que maneja el ayuntamiento. «La mejor forma de protegerles es que se reactiven las derivaciones de los inmigrantes a la península», subrayó, tras considerar «inaceptable» y «bochornoso» que el Ministerio del Interior impida viajar a las personas que han llegado de forma irregular hasta Canarias a pesar de portar la documentación pertinente.

«No aceptamos que Interior utilice la excusa de las restricciones al movimiento aprobadas en las comunidades autónomas para frenar las derivaciones», aseveró. A su juicio, lo importante no es la «pelea infantil que se traen las instituciones acerca de a dónde realojan a los inmigrantes, si en un campamento militar o en un colegio de Las Palmas. Miremos el fondo del caldero», protestó.

El presidente de la patronal turística denunció que, tanto el Gobierno central como el PP, Vox y Cs quieren dejar «sola a Canarias soportando la carga inmigratoria. Los dirigentes nacionales se han manifestado en contra de las derivaciones», acusó para espetar a renglón seguido a los responsables de esas mismas formaciones políticas a que manifiesten si lo comparten o no.

Sin notificación
En cualquier caso, y respecto a las actuaciones anunciadas por los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, tanto su alcaldesa como el concejal de Turismo de los respectivos municipios aseguran no haber recibido ninguna notificación por parte del ministerio que dirige José Luis Escrivá que permita tener en los establecimientos turísticos como huéspedes a los inmigrantes.

Desde el Ministerio de Migraciones se demora la respuesta al ser cuestiones «técnicas» las que se le ha requerido aclarar.

Cabe recordar además que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias se ha posicionado de una manera taxativa al advertir a la alcaldesa de Mogán que «ningún menor inmigrante saldrá de los establecimientos turísticos donde se encuentren alojados en estos momentos a partir del 1 de enero si no hay alternativa habitacional posible».