La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y ha solicitado que inicie un expediente disciplinario contra aquellos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «han relacionado a las personas migrantes con la propagación de la Covid-19».

En el escrito presentado el pasado viernes ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que también ha sido enviado al Defensor del Pueblo Español, denuncian a propósito de la llegada de personas migrantes desde Canarias la semana pasada, que «según los representantes de un conocido sindicato policial, se trataba de personas migrantes que se estaban trasladando ilegalmente a la Península y que no habían sido sometidas a una prueba PCR».

Desde la APDHA sostienen que «dicha información que fue desmentida por varios representantes del Gobierno supone un acto de xenofobia y racismo institucional al vincular la expansión de la Covid-19 con un colectivo especialmente vulnerable como son las personas migrantes».

Según sostiene la organización andaluza, se trata de «una falta muy grave» de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2010, que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. En ese precepto se establece que «tendrán la consideración de falta muy grave toda actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico».

En el mismo escrito, también se requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad que «se elabore un protocolo o manual de actuación sobre comunicación oficial en el que se recojan los estándares y principios que deben regir la actuación de la Policía Nacional en este ámbito».