Lorenzo Gabrielli, doctor en ciencias políticas, investiga las migraciones entre África y Europa en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y en la Universidad de Burdeos (Francia). Durante la pandemia teletrabaja desde Tenerife, así que vive de cerca la actual crisis migratoria en Canarias. Pero dice que no es una crisis. “Las entradas por vías informales existen desde hace treinta años, demasiado tiempo para hablar de crisis. Toda la evidencia científica apunta a que si seguimos tratándolas como emergencia no impediremos las llegadas y además aumentaremos las muertes. Los migrantes usarán rutas más peligrosas y se expondrán a más violencia”.

Gabrielli recuerda que “Europa necesita inmigrantes, sin los que han llegado a España en la última década hoy el país se pararía”. Aboga por “políticas que establezcan canales formales de reclutamiento de trabajadores entre Europa y su entorno, además de canales seguros para los refugiados”.

Es uno de los firmantes de una carta abierta remitida este año por más de 250 investigadores en migraciones a la Comisión Europea que se declaran “preocupados” por unas políticas migratorias que ignoran el conocimiento experto que las propias instituciones europeas han financiado, y piden un “cambio radical” e inmediato.

¿Habría un ‘efecto llamada’ si se las lleva a la Península?
Lo que sabemos es que bloquear a los migrantes en ‘espacios limbos’ para evitar un supuesto efecto llamada no funciona. Se ha hecho en Ceuta y Melilla y la gente no ha dejado de venir. Y deportarlas… Deportar a 7000 personas es muy caro: la estancia previa al traslado, el viaje en sí, las fuerzas de seguridad que acompañan… Y están los costes diplomáticos. España deporta a Mauritania, por ejemplo; pero en este caso Mauritania es solo un país de paso, así que solo acepta colaborar a cambio de compensaciones directas o indirectas, con contrapartidas económicas de alguna clase. Son costes diplomáticos importantes. Es decir, más allá de la ética, las deportaciones tienen costes muy altos.

¿A qué se refiere con la ética de las deportaciones?
Al fin y al cabo el delito que han cometido estas personas es administrativo, no penal, por eso los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) supuestamente no son cárceles, sino lugares donde se puede estar como máximo 60 días, el tiempo máximo del que dispone el Estado para organizar la deportación. Y no hay que olvidar que deben poder pedir asilo, que es un derecho básico, y eso no siempre parece cumplirse.

“Basar un plan en Canarias en la deportación de miles de personas plantea problemas monumentales”
¿Por qué ahora se ha reactivado la ruta canaria para entrar en Europa?
Una razón muy simple es que otras rutas no son practicables. Cruzar por el norte no se puede porque en marzo Marruecos cerró las fronteras por la pandemia. Y muchos de los que llegan ahora son marroquíes y argelinos, algo que no pasó en 2006 [cuando llegaron a Canarias más de 30.000 personas en cayucos]. Tiene que ver con la situación de Marruecos en el Sáhara, entre otros factores, incluida una economía afectada por la pandemia.