La propuesta de pacto migratorio y de asilo, que pretende ayudar a gestionar las llegadas de inmigrantes irregulares a la Unión Europea, se ha encallado nada más comenzar, pese a los esfuerzos de Alemania, que este lunes ha pasado el relevo a Portugal para que trate de lograr avances entre enero y junio del próximo año, cuando presidirá el Consejo de la UE.

“Hemos logrado un progreso considerable”, aseguró en rueda de prensa al término de una videoconferencia de ministros de Interior el secretario de Estado alemán de esa cartera, Stephan Mayer.

El titular alemán indicó que pese a las diferencias en muchos puntos, todos los países consideran que la propuesta es “una buena base” y que frente a la época de la crisis migratoria, entre 2015 y 2016, cuando “muchos decían esto no es nuestro problema”, ahora todos los países creen que la inmigración irregular “es un problema europeo”.

Según Mayer, Alemania ha tenido poco tiempo para lograr progresos en este dossier, ya que la propuesta de la Comisión sobre el pacto fue presentada a finales de septiembre y la pandemia de Covid “no ha hecho nada fáciles las negociaciones” en un área “muy sensible”, al hacer imposibles las reuniones presenciales.

La presidencia se limitó este lunes a presentar un informe de progreso que pasa revista a los elementos donde hay más consenso, como la necesidad de reforzar las fronteras exteriores o los retornos y de crear vías legales de entrada a la Unión y de cooperar con los países de origen y tránsito.

Entre los temas que hay que seguir trabajando, mencionó la definición de “solidaridad”.

Incluso los estados que se han mostrado críticos han sido “constructivos”, dijo el secretario alemán, que consideró que Portugal tiene “una buena base” y puede seguir avanzando sobre el pacto migratorio.

Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, indicó que sacar ese plan migratorio adelante no solo depende ahora de la “voluntad política” sino también de la situación de la pandemia de Covid, y confió en que se logre “un gran progreso” durante el primer semestre de 2021.

Sobre la manera de avanzar en asociaciones con terceros países en materia migratoria, la comisaria dijo que Bruselas quiere usar un amplio abanico de instrumentos para convencer a los países de origen y tránsito de que incluyan, por ejemplo, ámbitos como los intercambios de estudiantes Erasmus, los visados o la creación de vías legales de entrada.

Matizó, no obstante, que no cree que amenazar con la retirada de ayudas al desarrollo sea “una buena estrategia” para colaborar.

El enorme aumento de las llegadas de pateras a Canarias en los últimos meses y la situación en la isla de Lesbos, donde casi 8.000 personas esperan en un campo provisional sin protección para afrontar la llegada del frío, son los dos últimos ejemplos de lo acuciante que es resolver este asunto, convertido en una de las prioridades para la Comisión que preside Ursula von der Leyen.

PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO

En septiembre Bruselas presentó su propuesta de pacto migratorio y de asilo, que se esperaba impulsar hasta diciembre coincidiendo con la presidencia alemana del Consejo de la UE.

Aunque la Comisión sabía que la propuesta no iba a gustar a nadie en un primer momento, las consultas previas mantenidas durante meses con las autoridades de todos los países hacían confiar en que se podían vencer más fácilmente las resistencias del pasado.

En noviembre España, Italia, Grecia y Malta criticaron públicamente la propuesta en una carta enviada a la Comisión Europea, que califica el plan de “desequilibrado” y “no realista”.

POSICIONES DE LOS PAÍSES

Por un lado, los países que soportan una gran presión migratoria insisten en que hace falta más solidaridad de todos los Estados miembros y piden una reubicación obligatoria de los solicitantes de protección internacional.

La propuesta de pacto descarta las cuotas obligatorias de refugiados y permite optar entre su acogida, el apoyo logístico a los países donde llegan los flujos por ejemplo financiando la construcción de centros para los refugiados, o participar en las llamadas “devoluciones patrocinadas”.

En ese último caso, el pacto prevé que los Estados que se comprometan a gestionar y financiar expulsiones, se queden con los migrantes que, por algún motivo, no consigan repatriar en el plazo de ocho meses (cuatro meses en situaciones de crisis).

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió este lunes ante sus homólogos europeos, en la necesidad de un “reparto equitativo de la responsabilidad frente a la inmigración irregular”.

“No podremos avanzar en la negociación si no superamos el enfoque binario, según el cual unos asumen la responsabilidad incondicional de gestionar la inmigración irregular mientras otros ofrecen un eventual apoyo, condicionado según sus circunstancias y posibilidades”, afirmó.

Los países en primera línea critican también que no haya más claridad acerca de la manera en que se va a trabajar con terceros países para promover acuerdos para hacer frente a la inmigración ilegal y definir claramente los instrumentos financieros para apoyar ese esfuerzo.

Austria y los países de Visegrado (Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia) opinan, por su parte, que participar en los retornos patrocinados es una manera de entrar en la obligación de acoger en su territorio a migrantes, idea que rechazan de plano, indicaron las mismas fuentes.

Además, temen que ello pueda provocar un “efecto llamada”.