La tolerancia de la sociedad vasca hacia los emigrantes extranjeros ha crecido en plena crisis de la Covid-19. Así lo refleja el último ‘Barómetro de percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero’ elaborado por Observatorio Vasco de Inmigración – Ikuspegi, cuyos resultados han sido presentados este lunes. El estudio refleja que la sociedad vasca se ha mostrado más solidaria y más comprensiva que nunca con la situación de estas personas en este año de crisis sanitaria y económica. El Índice de Tolerancia que cuantifica el informe ha alcanzado 65 puntos, «el más alto desde que se empezó a medir», según ha destacado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal.

La consejera ha presentado este ‘Barómetro 2020’ junto a Patxi Juaristi, vicerrector del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, y Julia Shershneva, directora de Ikuspegi, que ha desgranado los datos más significativos de este análisis, que se viene realizando desde 2007. Los tres han valorado el perfil de la sociedad vasca que refleja el estudio. Como ha destacado Artolazabal, «solo un 10,2% de la población vasca considera que la inmigración es un problema», frente a la mayoría que «es consciente de la gravedad de la situación generada por la pandemia» y de que «hay muchas personas y familias en situación crítica y que es el momento de cerrar filas, de ser la solidaridad».

Como ha señalado Shershneva, los resultados de este barómetro son algo «sorprendentes». En época de crisis, las sociedades tienden a retraerse y a volverse más desconfiadas e intolerantes. La vasca no suele ser una excepción. Así lo reflejó este mismo estudio en 2012, cuando aumentaron las actitudes de rechazo y desconfianza hacia los inmigrantes. Sin embargo, con la pandemia, esta vez no ha sido así: «La crisis de la Covid-19 ha supuesto una situación novedosa que rompe esta asociación».

Según este estudio, cuya encuesta se realizó en septiembre, «la sociedad vasca no ve la inmigración como un problema. Nunca la ha visto así, pero ahora todavía menos», ha subrayado la directora de Ikuspegi. Así, el 64% de los encuestados opina que el país necesita inmigrantes que trabajen en algunos sectores de nuestra economía, «lo que refleja una visión un tanto utilitarista de la emigración». El 65,4% considera que esta población de origen foráneo permite «que la economía funcione mejor al ocupar puestos de trabajo que la población autóctona no quiere».

Sobre cómo debe acogerse a estas personas, las actitudes inclusivas y tolerantes también han aumentado. El 74,7% opina que «todas las personas, independientemente de su origen, tienen que tener las mismas obligaciones y derechos». El 65% opina también que los inmigrantes «deberían tener acceso en las mismas condiciones que los autóctonos a las ayudas económicas y sociales». En concreto, el 91 % de los encuestados considera que en esta crisis sanitaria deberá tener acceso a los recursos sanitarios la persona de mayor gravedad según criterios médicos, «dando igual el origen de la persona». En cuanto a la entrada, permanencia o expulsión de estas personas, el 54% de los encuestados considera que solo se debe «permitir la entrada a quienes lleguen con un contrato laboral», mientras que el 22,8% opina que se debería recibir a todos «sin ningún obstáculo legal. Respecto a quienes se encuentran en situación irregular, ‘sin papeles’, la mayoría, el 56,7% es partidaria de regularizar solo a quienes tengan trabajo. Es llamativo el porcentaje de quienes son favorables a regularizar a todas estas personas sin requisito alguno, que alcanza ahora el 30%, casi el doble que en 2012, uno de los años más duros de la crisis.

Shershneva ha advertido de que lo peor de la crisis económica derivada de la pandemia «está por llegar y habrá que esperar a los resultados de la encuesta del año que viene» para ver si se consolida el aumento de cinco puntos en el índice de tolerancia reflejado en 2020 hacia la inmigración.