sevilla. El vuelo a Granada de un grupo de inmigrantes llegados en patera a las islas Canarias sigue centrando la polémica política. Cs, en solidaridad con su alcalde de Granada, Luis Salvador, ha hecho piña en este asunto hasta el punto que rivales en el seno de la organización política como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el senador por Andalucía Fran Hervías coincidieron ayer en solicitar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, por la falta de transparencia en el manejo de este asunto y la falta de comunicación con los dirigentes locales y autonómicos.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que reitera que no ha organizado ni gestionado los viajes de inmigrantes a la Península, entre ellos el de Granada; también que solo autoriza traslados por cuestiones de carácter humanitario y recuerda que según la actual legislación, los inmigrantes irregulares pueden negarse a estar en acogida en un centro y moverse por el territorio hasta que son deportados.

Las declaraciones de Marín fueron duras. El vicepresidente de la Junta dijo que Grande – Marlaska, «hace tiempo que tenía que haber dimitido», al ser preguntado por periodistas en San Telmo, en presencia del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Marín ha cedido a este las competencias en inmigración de la Junta de Andalucía tras la remodelación del Gobierno el pasado verano.

«Yo lo sufrí», dijo en alusión al ministro. «Su deslealtad es absoluta con Andalucía», añadió. Marín considera una «irresponsabilidad» por parte del Gobierno el traslado de inmigrantes desde Canarias cuando en Andalucía hay un cierre perimetral de municipios y provincias con el riesgo que eso supone para la protección de la salud de los andaluces.

El Ministerio del Interior reitera que los inmigrantes que llegan a las costas españolas son personas en situación irregular y, por tanto, tienen abierto un expediente de expulsión, si bien estos migrantes disponen de libertad deambulatoria mientras se tramita y finalmente se ejecuta su repatriación.

Desde Interior recalcan este jueves esta explicación tras las polémicas llegadas en avión en los últimos días de inmigrantes desde Canarias a distintos puntos de la Península, entre ellos Granada y Málaga, en vuelos comerciales.

Unos traslados que no están organizados ni gestionados por el Gobierno, en concreto el Ministerio del Interior, que dentro de su ámbito de competencia, insiste a Efe que autoriza «muy puntualmente» reubicaciones de migrantes dentro del sistema de acogida, siempre priorizando perfiles de protección internacional y de colectivos vulnerables.

Es decir, aquellas personas que responden a los criterios fijados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), dependiente del Ministerio de Migraciones.

En estas reubicaciones concretas que avala Interior estarían las personas provenientes de países en conflicto, víctimas de trata o de otras violencias, mujeres, mujeres embarazadas o solas con menores, personas con alguna discapacidad o enfermas. De esta forma, si un inmigrante que llega a las costas españoles no es acreedor de esta protección internacional, se le abre un expediente de expulsión. Esa persona puede decidir si se acoge al sistema de acogida mientras se tramita su devolución.

En caso de no acudir a estas ayudas, el inmigrante cuenta con libertad deambulatoria tras pasar 72 horas por el correspondiente Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) hasta que ejecute su expulsión, por lo que, en teoría, puede desplazarse con su pasaporte en regla dentro de España. Y esta es la explicación que encuentran a las salidas de inmigrantes en vuelos regulares desde Canarias a diferentes provincias como Granada o Valencia. De hecho, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, aseguró este miércoles que la treintena de migrantes que llegó a la ciudad se desplazó «con recursos propios». «En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie a Granada», recalcó.

La polémica coincidió ayer con una reunión del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, con organizaciones sociales para preparar el Plan Estratégico para la Inmigración 2021 – 2024. Bendodo aseguró que estará listo para principios del nuevo año.