El Gobierno quiere fomentar la integración de los inmigrantes hasta convertirlos en ciudadanos con los mismos derechos y deberes que los españoles. La consecución de ese objetivo pasa, según el Ejecutivo, por potenciar la cohesión social, impulsar políticas públicas basadas en la igualdad de oportunidades y reforzar los servicios públicos para asegurar su rápida inserción en la sociedad y el mercado de trabajo.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó ayer en el Consejo de Ministros su Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, iniciativa que anunció José Luis Rodríguez Zapatero en el último debate sobre el Estado de la Nación al explicar sus prioridades en materia de inmigración. El plan define la integración social de los extranjeros como «uno de los retos más importantes» para las sociedades europea y española, que «vive de manera muy intensa, aunque reciente, la irrupción del fenómeno».

El Gobierno invertirá en esta iniciativa cerca de 2.000 millones de euros de aquí a 2009, que servirán para impulsar políticas específicas de integración. Se trata, por tanto, de fondos distintos a los que ya destinan las distintas administraciones – local, autonómica y central – a financiar el acceso de los ciudadanos extranjeros a los servicios públicos en general.

El Ejecutivo identificó una serie de áreas que considera «prioritarias», entre las que destacan el empleo, la educación, las políticas de acogida, la salud, el acceso a la vivienda y los servicios sociales, la infancia, la igualdad de trato y medidas concretas para integrar a la mujer inmigrante. Para su elección, consultó a las comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, asociaciones de inmigrantes y a las ONG.

Marco de cooperación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Ejecutivo ya ha «puesto orden» en la inmigración con la última regularización y ahora este plan pretende «potenciar la cohesión social» y la «igualdad». El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, señaló que la meta es «fomentar el sentimiento de pertenencia de los inmigrantes a la sociedad española».

El Gobierno quiere hacer del plan un «marco de cooperación» que recoja los esfuerzos e iniciativas de todas las administraciones y de la sociedad civil. Acabadas las consultas, el Consejo de Ministros aprobará el texto definitivo tras escuchar los informes del Consejo Superior de Política de Inmigración, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y la Comisión Laboral Tripartita.

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