Madrid, 9 dic (EFE).- El Gobierno asegura que no organiza traslados de migrantes desde Canarias a la Península, ni tiene constancia de que se hayan producido esos desplazamientos sin autorización y sin haber pasado una prueba PCR, obligatoria cuando alcanzan las costas españolas.

El Ejecutivo ha respondido así a la polémica suscitada por las críticas del gobierno andaluz ante la llegada de migrantes “por sorpresa y sin control” este fin de semana a Granada y tras la denuncia del sindicato policial SUP de que cientos de migrantes están siendo reubicados también en la Comunidad Valenciana sin haberles hecho afirman una PCR a su llegada a España.

Desde el Ministerio del Interior explican a EFE que este departamento no organiza ni gestiona traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península, sino que solo autoriza reubicaciones puntuales de personas solicitantes de asilo o pertenecientes a colectivos vulnerables, como menores.

Fuentes de ese departamento argumentan que esas llegadas de migrantes a Granada no fueron organizados ni gestionados por este departamento, que tiene como misión, además de las devoluciones y repatriaciones a países de origen, autorizar “muy puntualmente” reubicaciones de inmigrantes, como en casos de solicitantes de protección internacional, menores o mujeres embarazadas.

Con esta autorización administrativa, estos migrantes no están sometidos a control policial ni a régimen de internamiento, por lo que cada uno puede voluntariamente coger un vuelo o solicitar ayuda al sistema de acogida de ONG, dependiente del Ministerio de Inclusión.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, ha aclarado este miércoles que los migrantes se desplazaron en un avión comercial desde Canarias “con recursos propios”.

“En ningún momento se ha fletado ningún avión, ni se ha trasladado por parte del Gobierno a nadie a Granada”, ha recalcado López, quien ha explicado que estos inmigrantes son “personas libres” tras haber pasado 72 horas por el correspondiente Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

El Gobierno andaluz ha acusado al Ejecutivo central de incumplir normas del covid con los migrantes y ha recordado que la movilidad en esa comunidad “está limitada”.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha reclamado “cautela” a los responsables políticos y ha pedido desvincular el coronavirus o la posibilidad de contagio con los migrantes.

“Las personas que llegan de forma irregular a España por vía marítima son sometidos a PCR a las pocas horas de llegar a la costa”, ha enfatizado la portavoz del Ejecutivo, que también ha rechazado que se estén produciendo traslados a la Península de inmigrantes de forma clandestina.

“Son ubicaciones controladas y con todas las garantías sanitarias”, ha insistido la portavoz, quien ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia de los ministerios de Interior y Migraciones al no ofrecer datos oficiales de traslados de inmigrantes a la Península desde Canarias.

Desde el ámbito de las Migraciones, el ministro José Luis Escrivá ha insistido en la idea de que “ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia” y en que los “protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR”.

Las llegadas no se han producido solo en Andalucía, también en la comunidad valenciana, donde, según el sindicato policial SUP, han llegado otros 300 migrantes “indocumentados y sin PCR”, desde el pasado viernes en ocho vuelos procedentes de las Islas Canarias.

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que colaborará “en la medida de sus posibilidades” para la acogida de inmigrantes con el departamento de Escrivá, al igual que Navarra, Extremadura, Cataluña, País Vasco, Castilla y León o Aragón.

“Siempre hemos pensado que esta cuestión hay que abordarla desde la cooperación y la solidaridad. Es necesario que Europa tome conciencia y actúe en consecuencia. Para la Comunitat la situación es complicada por el conflicto de Argelia, que provoca una mayor salida de personas. Necesitamos políticas potentes en materia de migración”, ha agregado.

Amnistía Internacional ha valorado esa cooperación entre comunidades, pero ha reclamado al Gobierno mayor transparencia sobre los datos de migrantes que llegan a las costas españolas, su situación y número de personas susceptibles de asilo y protección internacional.

PP, Ciudadanos y VOX han reclamado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las circunstancias de ese traslado de inmigrantes de Canarias a Granada el pasado día 8 de diciembre.

Según la portavoz popular, Cuca Gamarra, esos traslados fomentan la inmigración “descontrolada”, que “el propio ministro de Interior estableció como algo que había que evitar”.

Para Iván Espinosa de los Monteros, de VOX, la situación es “indignante” y el Gobierno “Sánchez-Iglesias” ha cometido “una nueva traición a los españoles” al llevar a “decenas” de inmigrantes a Granada, “en secreto y por la noche”.

Desde Castilla y León se ha lanzado una propuesta al Gobierno: realizar una regularización ad-hoc de las personas extranjeras en situación irregular y que lleven un determinado tiempo viviendo en una zona afectada por la despoblación, previo acuerdo con las autonomías interesadas.

A través de una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha trasladado la posibilidad de enmarcar esta iniciativa en la estrategia de recuperación económica del país y lo ha relacionado con la planteada por Italia en esta primavera.