El subinspector de la Policía Nacional acusado cobrar a inmigrantes en situación irregular a cambio de facilitarles el permiso de residencia fingiendo que habían sido víctimas de tráfico ilegal de personas ha negado los hechos y ha aseverado que ni siquiera tenía potestad para gestionar papeles.

Así lo ha aseverado ante un jurado popular de la Audiencia de Barcelona, donde se celebra el juicio por un delito de cohecho y de falsedad documental continuados y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por los que fiscalía solicita una pena de 17 años de cárcel.

“Ni puedo ni lo he hecho. Yo no tengo esa facultad para conceder los permisos”, ha aseverado el imputado, Jefe de Subgrupo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Terrassa (Barcelona), quien ha contestado sólo a las preguntas de su abogado y ha detallado que mientras estuvo en el cargo hasta 45 inmigrantes solicitaron la residencia alegando querer colaborar con las autoridades.

De éstos, ha dicho, sólo se llegaron a confeccionar informes de colaboración para 32 personas pero, tal como ha advertido, “que lo solicitara no era suficiente para que se concediera”, puesto que los documentos pasan por diversos filtros de sus superiores.

“Yo rendía cuentas a diario al jefe de la comisaría, que era un hombre muy estricto”, ha subrayado tras negar tajantemente haber tramitado informes de petición de residencia “a sabiendas de que las personas no cumplían con los requisitos” o haber recibido contraprestaciones económicas por ello.

“Si me hubiese ido de vacaciones a Maldivas o Cancún o a comer mariscadas a un restaurante de lujo, no se preocupe que a Asuntos Internos les hubiese dicho que me había ido a comer una mariscada a un restaurante de lujo, aunque hubiese sido una sola ocasión, pero lo hubiesen organizado de tal manera que pareciese que yo estaba todos los días comiendo mariscadas”, ha denunciado.

Y ha recalcado: “Yo llevo una vida normal, me voy a comer un menú donde se va todo el mundo y ni visto ni de Armani, ni con joyas, ni nada parecido”.

Manuel B. también ha explicado que guardaba dinero en metálico en su casa como billetes de 500 euros que supuestamente le daban sus padres “para emergencias que pudieran surgir, reformas en la casa, caprichos de estética y una moto antigua que quería restaurar”, así como en la taquilla del trabajo “por si entraban a robar” en su domicilio “que no se lo llevaran todo”: “Era un sitio seguro”.

Junto con el policía, también están procesados Yasir D., Ashfaq A. y Shakeel A. éste último sería, según el subinspector, un confidente de la policía como cooperadores necesarios de los delitos de cohecho y falsedad documental y coautores del ilícito contra ciudadanos inmigrantes, para quienes el ministerio público pide 5 años de prisión.

De acuerdo con la Fiscalía, entre 2014 y 2017, el subinspector “ideó y ejecutó un plan” que consistía en gestionar la tramitación del permiso de residencia para extranjeros en situación administrativa irregular aduciendo que éstos estaban ayudando a perseguir a responsables de tráfico legal de inmigrantes, uno de los supuesto que prevé la ley para regularizar personas sin papeles.

La mayoría de víctimas eran marroquíes o pakistaníes y, en alguno de los casos, ni siquiera llegaron a conseguir papeles pese a los pagos realizados, que llegaron a alcanzar los 9.000 euros.

El plan que urdió el acusado pasaba por presentar a los solicitantes de residencia como “víctimas” de una red de tráfico de personas con la finalidad de “recibir de éstos cantidades que podrían oscilar entre los 7.000 y los 10.000 euros”.

Manuel B. habría confeccionado “mendazmente” para cada ciudadano extranjero un atestado con una denuncia en la que los inmigrantes sin que éstos lo supieran manifestaban haber sido víctimas de una red de tráfico ilegal que posteriormente presentaba a las autoridades judiciales, con lo que lograba que se les concediera el permiso de residencia.

Un esquema al que habrían ayudado los otros acusados a cambio de un porcentaje de las comisiones que cobraban, contactando con inmigrantes que necesitaban papeles pero que no reunían las condiciones legales para obtenerlos y actuando bajo las órdenes del policía.

Tal como consta en el informe fiscal, los acusados siguieron este ‘modus operandi’ con al menos once víctimas, las cuales abonaron cantidades de entre 3.000 y 9.000 euros, cifras que el fiscal solicita que devuelvan a los afectados en concepto de indemnización.